Para evitar que niñas, niños y adolescentes sean enganchados por el crimen organizado mientras se entretienen con videojuegos en línea o navegan en internet, los menores de edad y sus padres o tutores pueden aplicar el decálogo que emitió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y que, entre otros puntos, sugiere: no chatear ni jugar con desconocidos, establecer horarios de juego y no utilizar cuentas de correo electrónico personal para jugar en línea.
En las recomendaciones de ciberseguridad, el decálogo aconseja a tutores, madres, padres y maestros enseñar a los menores a no proporcionar datos personales, telefónicos ni bancarios, a no usar el micrófono ni la cámara de los dispositivos, así como a no compartir su ubicación.
De acuerdo con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, los criminales no sólo aprovechan las redes sociales para entrar en contacto con menores de edad, sino también algunos juegos en línea, situación que representa un nuevo reto en materia de seguridad.
El decálogo también sugiere a los adultos responsables mantener los dispositivos en configuración de seguridad para niños o en modo de “control parental”; reportar las cuentas agresivas o sospechosas en los servidores de redes sociales o juegos en línea, y denunciar al número telefónico 088 cualquier forma de acoso, violencia o amenaza contra los menores.
Rodríguez Velázquez, también coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional, afirmó que no se trata de satanizar a la tecnología, sino de generar un uso responsable de ella. “El internet es un espacio donde la simulación y el anonimato permiten a los delincuentes engañar y utilizar las tecnologías para llevar a cabo acciones que dañan la paz y seguridad, principalmente de nuestras niñas, niños y adolescentes”.
Por su parte el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que los ciberdelicuentes usan redes sociales y juegos en línea para captar la atención de niños y adolescentes, luego se encuentran físicamente con ellos y los hacen víctimas de secuestro, trata de personas o explotación laboral.
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