“Comunidades indígenas donde se han llevado a cabo consultas indígenas, así como las organizaciones civiles que acompañaron estos procesos, exigen que se respeten los derechos humanos y que se les consulte –conforme a los más altos estándares internacionales- de manera previa, libre e informada sobre los proyectos de desarrollo que están afectando su tierra, territorio y bienes naturales”, expusieron en reunión con defensores de derechos humanos y legisladores.

En el conversatorio “El derecho a la consulta de comunidades y pueblos indígenas en México” —convocado por el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc A.C) y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República— tuvo como objetivo continuar con el debate entre diferentes actores sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, así como abrir un espacio para que las comunidades originarias de los lugares en donde se están instrumentando megaproyectos, para que compartan sus experiencias en el ejercicio de estos derechos.

Entre los participantes de las comunidades y pueblos indígenas fueron Isabel Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, en Oaxaca; Laydy Pech, integrante del pueblo Maya y del Colectivo Apícola de los Chenes, en Campeche; así como representantes de Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C (CEMDA), el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), ProDESC, y Tom Haek, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de Prodesc, declaró: “la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el acceso al derecho a la tierra ha sido una deuda histórica de los gobiernos que no se ha logrado resarcir”. Dijo que “desde la década de los 90 el Estado mexicano ha impulsado una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de los bienes naturales, la mayoría localizados en tierras y territorios de comunidades indígenas, núcleos ejidales y de bienes comunales que se enmarca en un modelo económico que otorga preventas o privilegios a empresas nacionales y trasnacionales”.

Esto –dijo la Premio Martin Ennals 2014– ha construido un patrón de violación al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La directora de Prodesc enfatizó que “la vía (para garantizar el derecho a la consulta) es respetando los más altos estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas que ya existen y cuyo cumplimiento es una responsabilidad de las empresas y una obligación del Estado mexicano desde la reforma constitucional del 2011.”

Por su parte, el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab declaró: “La consulta debería ser interpretada como una herramienta que ayude a reducir la asimetría del poder”, y aclaró que “no se pueden restringir derechos si esto es para enriquecer a unos cuantos”.

Jan Jarab llamó a consultar desde ya todas las leyes que tienen impacto en las comunidades indígenas, como la reforma energética, y dijo que incluso una Ley de Consulta debe ser preparada con una consulta libre, previo e informada. “Es mucho más importante hacerlo bien que hacerlo rápido”, enfatizó.

La Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, refirió: “Las comunidades indígenas y originarias de nuestro país en este momento están sufriendo muchos de los embates de estos megaproyectos sin haber sido consultados, sin haber sido considerados sus derechos y sin haber tomado en cuenta el respeto irrestricto a la consulta, lo que los ha llevado a una situación terrible de desplazamiento forzoso interno”.

Durante sus participaciones, los ponentes denunciaron que los procesos de consulta que se les han aplicado para la instalación de proyectos de agroindustria, de generación de energía eólica, la construcción de acueductos, ente otros, no fueron libres, previos ni informados, sino que, por el contrario, fueron propicios para actos de violencia, división de la comunidad y criminalización en contra de los pueblos indígenas, particularmente de las y los defensores comunitarios que participaron en los procesos de consulta.

Un ejemplo de ello es el del pueblo indígena Zapoteca de Juchitán, Oaxaca, lugar donde se realizó la primera consulta indígena impulsada por el gobierno mexicano en el marco de la reforma energética para la implementación de un parque eólico. En esa consulta se registraron graves violaciones a los principios de la misma que fueron documentadas por una Misión de Observación que conformaron diversas organizaciones, entre ellas Prodesc. Por ello, decidieron iniciar la defensa legal y pacífica de su tierra, territorio y bienes naturales al interponer dos amparos que continúan vigentes.

Al concluir, las y los participantes coincidieron en que el derecho a la consulta constituye una oportunidad de diálogo entre las comunidades, las autoridades y las empresas, pero las autoridades indígenas que han consentido estos procesos están muy decepcionadas porque en cada experiencia se repiten varias deficiencias y actos de cohesión y de violencia contra las comunidades.

Érika Ramírez