En México la desaparición de personas es uno de los principales problemas de inseguridad, violencia y violación de derechos humanos. El delito ha ido en aumento: hasta la fecha, según la base de datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, existen 33 mil 125 personas desaparecidas en el país.
Al respecto, Grace Fernández, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos de Coahuila, dijo que la corrupción e impunidad son los dos factores que obstaculizan la implementación de la Ley de Desaparición Forzada.
Durante el Foro “Desaparición de personas: actualidad y contexto de una ley ausente”, Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, mencionó que el contexto electoral al que se enfrentan los candidatos a la Presidencia es un desafío, ya que no reconocen la dimensión de la crisis de inseguridad a la que se enfrenta el país.
También dijo que la falta de reconocimiento los lleva a que no actúen y sigan hablando del mismo modelo de seguridad. “Vivimos en una crisis en derechos humanos, vivimos en un México de víctimas”.
De acuerdo con Ruth Fierro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, alrededor del 42 por ciento de las desapariciones en México se concentran en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
“México es un país mutilado que huele a sangre, en donde diariamente se encuentras nuevas fosas clandestinas. Urge cambiar estas circunstancias, cambiar nuestro futuro”, afirmó el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Fernando Ríos Martínez.
Jan Jarab, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas, agregó que no se trata de un estado de derecho débil, sino de “una ausencia del estado de derecho”.
Aseneth Hernández
