El control penitenciario en México corre a cargo de grupos delictivos en un 65 por ciento, consecuencia de la “ausencia del Estado”, indican las investigadoras Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y Maïssa Hubert, del Coordinadora del Programa “Sistema Penitenciario y Reinserción Social”, de Documenta AC, en su artículo ¿Quién controla las prisiones mexicanas?
El país “ocupa el sexto lugar en el mundo por el tamaño de su población penitenciaria, sólo después, en ese orden, de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil, países que cuentan con una cantidad total de habitantes entre tres y más de diez veces mayor que la nuestra” agrega el texto incluido en el Atlas de la seguridad y defensa de México 2016, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (Casede).
Actualmente, existen 245 mil internos, 95 por ciento varones y 5 por ciento mujeres; distribuidos en 392 establecimientos penitenciarios, 22 de ellos de carácter federal y el resto de índole estatal o municipal, documentan.
Las investigadoras destacan que el 44 por ciento de la población reclusa “son presos sin condena, casi la mitad, lo cual revela, de entrada, dos de los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario mexicano: la sobrepoblación y el uso desproporcionado de la prisión preventiva. Otros problemas estructurales no menos importantes son: las condiciones de vida indignas y en ocasiones infrahumanas que padecen los internos la insuficiencia, la falta de profesionalización y las condiciones de trabajo deplorables en que labora el personal penitenciario; la corrupción; la criminalización de la pobreza; el populismo punitivo y la indiferencia tanto por parte de las autoridades como de la sociedad en general hacia la problemática que enfrentan las prisiones”.
Érika Ramírez
