La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) condenó el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la “neoliberal” Ley Minera. Señaló que mientras el titular de Poder Ejecutivo, Andres Manuel López Obrador, dio por erradicado el neoliberalismo del país, el máximo órgano del Poder Judicial mantienen vivo este modelo económico en México.
Deploró la decisión de la SCJN de negar el amparo de revisión 928/2019 interpuesto por comunidades maseuales (nahuas) de la Sierra Norte de Puebla que argumentaban la inconstitucionalidad de la Ley Minera.
El miércoles 13 de enero la SCJN aprobó el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek en donde establece que “la Ley Minera no se relaciona directa y estrechamente con sus derechos y prerrogativas, ni siquiera con el aspecto de autodeterminación, sino con aspectos propios de esa materia”. Para la Rema, dicho funcionario no “desneoliberizó” la Ley minera en el país, pese que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya declarado el fin de este sistema económico en 2019.
La Ley que da facilidades a las mineras en México “pasa por encima de cualquier otra actividad que las comunidades y pueblos leven acabo en sus propios territorios”. Se les da privilegios a las empresas sobre los derechos colectivos. Este argumento atenta contra el propio espíritu de la Constitución: el bien común, en opinión de la Rema.
En México, el subsuelo de los territorios son concesionados de manera arbitraria, irracional y sin contemplar a las personas que habitan en donde las empresas se instalan para saquear de recursos naturales a comunidades.
Es por eso que la Red cuestionó a los magistrados si estarían dispuestos a ser arrebatados de sus hogares sin ser consultados al respecto. Así como si estarían dispuestos a verse afectados en su salud por las consecuencias derivadas de esta actividad.
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