El proceso electoral 2018 es una oportunidad única para cambiar el régimen económico y político de México, consideraron organizaciones sindicales y campesinas.
Por ello, en el Encuentro Nacional de Dirigentes y Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil –del que forman parte la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Amplio Social Unitario–, llamaron a militantes y ciudadanos a concurrir masivamente a las urnas en oposición a los gobiernos neoliberales y a vigilar el respeto al sufragio popular.
Si bien el pronunciamiento no contempla el apoyo a un candidato, la mayoría de las organizaciones ha manifestado abiertamente su respaldo a Andrés Manuel López Obrador, señaló Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
El acuerdo alcanzado no busca coaccionar el voto, sino orientarlo en función del posicionamiento conjunto, remarcó el líder sindical.
Previo al 1 de julio, los sindicatos y organizaciones se movilizarán para promover la participación electoral, documentar y denunciar la compra de votos y el uso indebido de programas sociales.
En su comunicado, exigieron respeto a la soberanía popular y que el proceso electoral sea transparente. Condenaron las campañas negras, la coacción y compra del voto, la criminalización de la lucha social, el asesinato de periodistas y candidatos electorales, los feminicidios y la acción del crimen organizado.
El Encuentro Nacional de Dirigentes reafirmó su apoyo a la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, al Sindicato Mexicano de Electricistas, a los trabajadores de Petróleos Mexicanos, a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, y a las luchas de Ayotzinapa, Nochixtlán, Atenco y la Universidad Intercultural de Chiapas.
Ante la posibilidad de que el gobierno saliente aproveche el proceso electoral para impulsar reformas contrarias al interés popular, los convocantes sugirieron prestar atención especial a las leyes de Seguridad Interior, de Aguas Nacionales, de Salud y Seguridad Social, de Biodiversidad y de Territorio y Ciudad; así como al posible cierre del caso Ayotzinapa.
Además, ratificaron el acuerdo de impulsar su Proyecto Alternativo de Nación independientemente de los resultados electorales, con el objetivo de revertir las políticas neoliberales e impulsar un nuevo gobierno que “restaure el orden constitucional, recupere soberanía, redistribuya la riqueza y refunde la nación revirtiendo las reformas estructurales”.
El Proyecto Alternativo de Nación propone resguardar la independencia energética del país regresando la industria petrolera y eléctrica a la esfera pública, y aumentar la participación, diversificación y rectoría del Estado. Señala la importancia de reconstruir el mercado interno, rescatar el campo, redistribuir de forma equitativa los ingresos, generar empleos estables y recuperar el poder adquisitivo del salario.
Entre otras medidas, apunta la necesidad de revertir el predominio de las grandes compañías agroindustriales, anular la imposición de megaproyectos, las concesiones de fracking y explotación de minas a cielo abierto. Propone hacer realidad los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y generar una política de seguridad pública que ponga fin a la militarización, erradique la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, y evite la criminalización y judicialización de la lucha.
Alba Olea
