En una denuncia presentada por la familia Abarca Montejo y organizaciones civiles ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC) se establece la presunta complicidad de la Embajada canadiense en México en el asesinato del activista y defensor de los derechos humanos Mariano Abarca Roblero, sucedido en agosto de 2009.
Dicha denuncia pide a la autoridad canadiense que investigue las acciones y omisiones de la Embajada sobre el caso del asesinato del opositor a la minería canadiense en México. En ella se expone que la diplomacia canadiense no sólo conoció de las amenazas, sino que tomó partido a favor de la empresa Blackfire Exploration, al solicitar a las autoridades chiapanecas que contuvieran las protestas.
Esa denuncia administrativa fue presentada ante el CIAPC el pasado 5 de febrero en Canadá, por Luis Abarca Montejo –hijo de Mariano Abarca– y las organizaciones mexicanas Otros Mundos y Red Mexicana de Afectados por la Minería y la canadiense Mining Watch Canada.
Abarca Montejo recordó que, desde 2008, su padre inició una lucha junto con otros luchadores y luchadoras en el pueblo de Chicomuselo, Chiapas, para evitar que la empresa minera Blackfire contaminara el agua y la tierra por la explotación de barita.
Esa lucha, indicó, se desarrolló bajo amenazas y ataques que recibió tanto él como mi familia, “incluyendo los golpes que a ambos nos propinaron trabajadores de la empresa en 2008. En agosto de 2009, Mariano fue detenido durante 8 días por acusaciones falsas, interpuestas por un representante de la empresa Blackfire, y posteriormente, fue asesinado el 27 de noviembre de 2009”.
“Es la primera vez, según conocemos, que se exhorta al Comisionado a que investigue las faltas de la Embajada canadiense en relación con el cumplimiento de sus políticas relacionadas con el cuidado y respeto de los derechos humanos”, señaló Abarca Montejo.
Para el joven activista, durante todo el tiempo que Blackfire operaba en Chicomuselo, la Embajada de Canadá en México tuvo conocimiento “significativo” del descontento de la población. “Y también tuvo información sobre mi padre y los riesgos que enfrentaba. Esto lo sabemos por documentación obtenida bajo la ley de transparencia en Canadá.
“Además, semanas antes de su detención, mi padre acudió a la Embajada canadiense para enterar a los funcionarios sobre la problemática, alertándoles que trabajadores de la mina estaban amenazándole a él y a otros defensores de derechos humanos. Durante su detención, la Embajada recibió 1 mil 400 correos de toda América que expresaban preocupación por la vida de mi papá. Sin embargo, la Embajada no sólo fue omisa ante el testimonio de mi padre y de otros quienes exigían su protección, sino que también realizó muchas gestiones para defender los intereses de la empresa, incluyendo abogar con las autoridades de Chiapas para que controlara las protestas sociales semanas antes de su muerte”.
Abarca Montejo destacó la importancia de cuestionar y denunciar el rol que, desde hace algunos años, ha asumido la diplomacia canadiense frente a los delitos generados por las empresas mineras, tanto en como en otras partes del mundo.
Por ello, los activistas que impulsan esta denuncia esperan que el CIAPC cree una alerta acerca del patrón de actuación de los principales promotores de la minería canadiense en México y en América Latina.
De acuerdo con las organizaciones acompañantes, esta denuncia complementa varias acciones realizadas en México por la familia Abarca, como la denuncia al Estado mexicano por la violación al derecho a la vida interpuesta ante la Comisión Interamericana a los Derechos Humanos en junio de 2017, y la exigencia para que la Fiscalía del Estado de Chiapas investigue de manera seria para responsabilizar a los autores intelectuales y materiales del asesinato.
El esclarecimiento del homicidio requiere de las declaraciones de funcionarios de alto nivel en Chiapas, así como de los directivos de la empresa, consideraron los denunciantes.
Nancy Flores
