La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), capítulo Ciudad de México, pide legislar la “muerte política” para los servidores públicos que incurran en actos de corrupción.

Según los empresarios, en México hay quienes aprovechan la laxitud del sistema para lograr poder con base en acciones ilegales, frente “a la mayoría de los ciudadanos que respetan las leyes y son presa [sic] de ellas”.

A través de un comunicado de prensa, la organización indica que los sismos de septiembre pasado “han puesto en tela de juicio la actuación de servidores públicos a nivel nacional, quienes por acción u omisión podrían tener responsabilidades en las afectaciones”.

Por ello, y frente a lo que califica como “inacabables actos de corrupción de los funcionarios del sistema político mexicano”, la Coparmex capitalina propone que se establezca un símil de la Ley de Muerte Civil que existe en Perú. “Aquí la podríamos llamar [Ley de] Muerte Política, para aquellos corruptos que hayan sido vinculados a proceso y sentenciados”.

Para la organización empresarial, los sistemas anticorrupción nacional y locales no resolverán el problema: “No existe una ley que inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no pueda ni postularse a cargos de elección popular para evitar que consiga tener fuero ni pasar a otro encargo en la función pública”.

Según la Coparmex, “en la actualidad, el corrupto afronta la vergüenza temporal y hasta se ríe en público de sus captores y sus detractores porque sabe que la pena no pasará del desprestigio público que remediará posteriormente, con el dinero obtenido de forma ilegal y un electorado ‘comprado’ o el compadrazgo”.

No obstante, su propuesta nada dice respecto de las empresas, empresarios y cabilderos que corrompen autoridades para favorecer sus negocios.

“Coparmex Ciudad de México solicita a los actuales legisladores federales, de los estados y de la capital que asuman su compromiso social y que en sus próximos periodos ordinarios le den cabida a una ley que restrinja de todos sus derechos para ser votado y a participar en la administración pública a todo aquel ciudadano que haya cometido actos de corrupción y haya sido vinculado a proceso y sentenciado”.

Finalmente, la organización convoca a la sociedad a impulsar esa ley, “con el fin de regresar el estado de cosas a la vertiente original del pacto social, de lograr una sociedad bien organizada, mejor administrada y con el estado de satisfacción y bienestar

Empresarios piden “muerte política” para funcionarios corruptos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), capítulo Ciudad de México, pide legislar la “muerte política” para los servidores públicos que incurran en actos de corrupción.

Según los empresarios, en México hay quienes aprovechan la laxitud del sistema para lograr poder con base en acciones ilegales, frente “a la mayoría de los ciudadanos que respetan las leyes y son presa [sic] de ellas”.

A través de un comunicado de prensa, la organización indica que los sismos de septiembre pasado “han puesto en tela de juicio la actuación de servidores públicos a nivel nacional, quienes por acción u omisión podrían tener responsabilidades en las afectaciones”.

Por ello, y frente a lo que califica como “inacabables actos de corrupción de los funcionarios del sistema político mexicano”, la Coparmex capitalina propone que se establezca un símil de la Ley de Muerte Civil que existe en Perú. “Aquí la podríamos llamar [Ley de] Muerte Política, para aquellos corruptos que hayan sido vinculados a proceso y sentenciados”.

Para la organización empresarial, los sistemas anticorrupción nacional y locales no resolverán el problema: “No existe una ley que inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no pueda ni postularse a cargos de elección popular para evitar que consiga tener fuero ni pasar a otro encargo en la función pública”.

Según la Coparmex, “en la actualidad, el corrupto afronta la vergüenza temporal y hasta se ríe en público de sus captores y sus detractores porque sabe que la pena no pasará del desprestigio público que remediará posteriormente, con el dinero obtenido de forma ilegal y un electorado ‘comprado’ o el compadrazgo”.

No obstante, su propuesta nada dice respecto de las empresas, empresarios y cabilderos que corrompen autoridades para favorecer sus negocios.

“Coparmex Ciudad de México solicita a los actuales legisladores federales, de los estados y de la capital que asuman su compromiso social y que en sus próximos periodos ordinarios le den cabida a una ley que restrinja de todos sus derechos para ser votado y a participar en la administración pública a todo aquel ciudadano que haya cometido actos de corrupción y haya sido vinculado a proceso y sentenciado”.

Finalmente, la organización convoca a la sociedad a impulsar esa ley, “con el fin de regresar el estado de cosas a la vertiente original del pacto social, de lograr una sociedad bien organizada, mejor administrada y con el estado de satisfacción y bienestar que nos merecemos”.

Nancy Flores