El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que su gobierno no presentará ninguna denuncia contra expresidentes, a pesar de fraudes como el de la construcción de reclusorios por los que los mexicanos pagarán más de 210 mil millones de pesos en 20 años.

Expuso que desde el inicio de su gobierno planteó que no le interesaba juzgar a los expresidentes sino acabar con la corrupción y revertir las condiciones de miseria de las mayorías. Señaló que se respetaría la opinión de la gente a este respecto y por eso se llevó a cabo la consulta sobre la posibilidad de investigar las conductas delictivas de los gobiernos anteriores.

Durante su conferencia de prensa matutina, celebrada en el Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo dijo que ya se conoce el sentir de la población. Salieron “muchos” a participar, pero no los suficientes y los resultados no son vinculatorios.

“Siempre son los ciudadanos los que tienen que tomar la iniciativa. Todos tenemos que participar”. Señaló que tampoco se opone a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), dadas a conocer por Contralínea y en cuyo expediente se vincula a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y exfuncionarios de esos sexenios. Dijo que ese proceso será un asunto de la FGR y el Poder Judicial.

“Mi posición es que nosotros tenemos que pensar hacia delante, poner el ejemplo y no permitir la corrupción. No empantanarnos en escándalos, en la política que se seguía de actos espectaculares.”

Señaló que sí está de acuerdo en que se ventilen todos los casos de corrupción, que la ciudadanía sepa y las autoridades competentes resuelvan. Dijo que a él, como actual titular de Poder Ejecutivo, lo que más le interesa es que haya reparación del daño.

Aseguró que en este caso, revelado por Contralínea, se ahorrarán 10 mil millones de pesos en lo que resta del sexenio, alrededor de 2 mil 500 millones por año. Lo anterior, luego de las negociaciones con las empresas poseedoras de los contratos.

Planteó que “es muy fácil meter denuncias”, pero llegan a tribunales –incuso internacionales– donde las grandes empresas tienen ventajas y terminan absueltas.

Además, señaló que las empresas involucradas en estas irregularidades sí podrán participar en proyectos de la actual administración. “Si se arregla el problema, también se tiene que tomar en cuenta”.

Reconoció que el de la construcción de reclusorios “es un asunto muy delicado” pero, consideró, las empresas constructoras están entendiendo que hoy se viven otros tiempos. Ya no tienen que dar moches (sobornos para que les asignen contratos) pero tampoco sirve el influyentismo (tráfico de influencias). “Lo único que queremos es que cumplan con calidad y a tiempo. Es regenerar de nuevo todo lo que tiene que ver con la construcción, con la ingeniería civil que llegó a ser de lo mejor en el mundo y que se echó a perder”.

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