Son más de 700 maestros de educación básica y media superior a los que les fueron conculcados sus derechos por haberse opuesto a la reforma educativa. En su mayoría, son líderes magisteriales de, al menos, 16 estados de la República.

Se trata de dirigentes y activistas de entidades federativas con altas movilizaciones pero que no alcanzaron las de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, donde las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidieron el cese de los profesores.

La mayoría de los cesados son parte del Movimiento del Magisterio Democrático Nacional (MMDN) que, al igual que la CNTE, es parte de la movilización de los maestros democráticos en lucha contra la llamada reforma educativa. Los profesores y profesoras cesadas son de Veracruz, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Puebla, Campeche, Jalisco, Durango, Estado de México, Coahuila, Nayarit, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

En entrevista con Contralínea, maestros de 11 entidades señalan que no están vencidos y que mantienen una lucha integral en cuatro vertientes para lograr su reinstalación: jurídica, pedagógica, político-sindical y social.

Denuncian que la vía jurídica es saboteada por las propias autoridades con medidas dilatorias y abiertas ilegalidades en los procesos ante instancias judiciales. Muchos de los maestros ya han ganado judicialmente la reinstalación pero no se ha hecho efectiva.

Una de las vertientes de lucha por la que se sienten más orgullosos es la pedagógica. Algunos maestros, como los de Querétaro y los de Michoacán llevan años trabajando en ella. Los de Querétaro han cumplido 7 años de desarrollar un modelo educativo que ya se aplica y que busca formar alumnos responsables, comprometidos con sus comunidades, su sociedad y su país.

Los profesores señalan que fueron cesados por ser coherentes con sus convicciones y por negarse a renunciar a los derechos adquiridos. “Ése ha sido nuestro delito”, señalan profesoras. Explican que su despido ha sido ilegal, pues las autoridades no cumplieron ni con lo que mandatan sus propias leyes. No fueron notificados con la antelación que se establece en la normativa, por ejemplo. Algunos supieron que tendrían “examen” 1 o 2 días antes. No les llegó una notificación formal, sino que les avisaron por redes sociales o mediante cajeros automáticos.

Además, fueron cesados a la primera inasistencia al examen y no a la tercera vez que aparecieron como “no idóneo”, como marca la ley. Es decir, consideran, su castigo fue político y de ninguna manera resultado de su desempeño. Y es que de más de 75 mil maestros movilizados, las autoridades sólo terminaron cesando a 700, a los activistas y a las dirigencias de 16 estados.

La represión no sólo afecta a los docentes, explican. “El golpe del Estado es también para las escuelas, los alumnos y los padres de familia, pues los alumnos se quedan sin maestros y sólo contratan a algunos eventuales y el proceso educativo se rompe”.

Además, los profesores cesados son boletinados para que no encuentren trabajo ni en escuelas particulares.

Maestras y maestros se dicen violentados en sus derechos humanos, pero nunca derrotados. Varios de ellos cuentan con una amplia y exitosa trayectoria en las aulas. Algunos otros han estudiado otras disciplinas universitarias. “La reforma educativa es un fracaso en los hechos; va a caer y nosotros recuperaremos nuestros derechos. Sobre todo, la educación de los niños será en su propio beneficio y del país”.