El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) reporta 58 conflictos sociales vigentes en México causados por la minería. La mayoría detonaron en el sexenio de Felipe Calderón, aunque los más antiguos datan de 1980 y los más recientes de 2019.
De acuerdo con el mapa de la organización, en 20 entidades de la República Mexicana comunidades campesinas e indígenas están en conflicto con la industria extractiva. Las razones van del despojo territorial, al daño ambiental y el saqueo de agua. También presentan caso de criminalización de la protesta y persecución contra quienes se oponen a los proyectos.
Los estados del país con conflictos sociales activos a causa de la minería son: Puebla (nueve), Zacatecas (nueve), Sonora (cinco), Durango (cuatro), Oaxaca (cuatro), Baja California Sur (tres), Chiapas (tres), Guerrero (tres), Baja California (dos), Chihuahua (dos), Coahuila (dos), Colima (dos), San Luis Potosí (dos), Jalisco (dos), Estado de México (uno), Hidalgo (uno), Michoacán (uno), Morelos (uno), Guanajuato (uno) y Veracruz (uno).
De acuerdo con los registros de la OCMAL, México es el país de América Latina que más conflictos mineros presenta. En toda la región se cuentan 284 con 301 proyectos involucrados.
En número de casos, a México le siguen Chile, con 49; Perú, 46; Argentina, 28; Brasil, 26; Colombia, 19; y Bolivia y Guatemala, con 19 cada uno. Otros 12 países registran menos de 10 casos respectivamente.
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