“El Estado de derecho en México está comprometido con las élites que se benefician de los procesos” para llevar a cabo un modelo extractivista, que no contempla a las comunidades ni los pueblos en donde se van a desarrollar, comentó Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, en el marco de la presentación del Foro Internacional: Consulta, Consentimiento previo libre e informado y autodeterminación.
En el análisis de lo que ha provocado este modelo y el proceso de consulta Fuentes Nieva aseveró que “las comunidades indígenas no pueden participar en el diseño de políticas públicas, su voz no es escuchada. No es sorpresa que el resultado de estas políticas públicas sea excluyente, se reduzca al beneficio económico a unos cuantos, a unas inversiones de sectores que antes ya estaba privilegiado y donde estos procesos de diálogo distan de estar al alcance de las personas que van a participar en ellos…La imposición de éste modelo, “no es una casualidad sino un diseño”.
Lourdes Tibán, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas comentó que el proceso de consulta “es un mecanismo determinante para la continuidad de los pueblos, de la historia misma de nosotros”. Sin embargo, denunció que este modelo de extracción de bienes (como el petróleo, minerales y agua) ha generado casos muy graves en todos los países, situación que se replica.
“Hablar de extractivismo es hablar de una nueva forma de economía en todos los países, pero no estamos mirando cómo esto se ha ido carcomiendo a la continuidad de los pueblos indígenas en territorios indígenas. Para los Estados, la consulta comienza a parecer formal que se debe cumplir porque lo dice la Constitución o la declaración de las Naciones Unidas, y una vez que cumplida esa formalidad, entran a hacer extractivismo y a dañar nuestros territorios”, expone la política ecuatoriana.
Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentó en su participación que de que las leyes se han convertido en una “fachada legal” para legitimar los procesos de Ley, mismos que derivan del poder.
La mexiquense Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusa que una de las formas que tiene ha tenido el Estado para desarrollar este tipo de proyectos, y en específico el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, es a través de la manipulación de los habitantes de las comunidades y división del tejido social.
El vocero de la Tribu Yaqui, en Sonora, Mario Luna agregó que la defensa de su territorio y el agua que suministra a esta comunidad, significó para la etnia: extorciones, amenazas, la criminalización de la protesta que provocó el encarcelamiento de los líderes; además, de que les quitaron procesos productivos de los que eran beneficiarios.
Érika Ramírez
