Las acciones y omisiones del Estado mexicano agravan la violencia vinculada al crimen organizado y la violencia de género, consideraron académicos y representantes de la sociedad civil en el foro “Derechos humanos, violencia, inseguridad y sistemas de justicia”.
Luis Wertman Zaslav, presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de México, indicó que la corrupción, la colusión con el crimen, la impunidad y la simulación son los principales males en el ejercicio público en todos los niveles.
Por ello, en materia de seguridad, las siguientes administraciones deben reestructurar las policías, mejorar el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, eliminar la corrupción, la impunidad, las fallas de coordinación y la ausencia de autoridad.
Wertman Zaslav resaltó que el Estado debe competir contra los beneficios que el crimen organizado ofrece a algunos ciudadanos. Y es que la inactividad, corrupción e impunidad del Estado son elementos clave en el aumento de la violencia y la inseguridad.
Para Salvador Maldonado Aranda, doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, las herramientas legales en materia de justicia están inutilizadas por un juego político que burocratiza la participación ciudadana.
En el foro, convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que la falta de monitoreo del funcionamiento de las leyes también es un problema, “porque asistimos a una expansión de la corrupción y desarticulación de instituciones”.
Según Maldonado, se ha prestado poca atención a la reconfiguración de la organización y las prácticas de los cárteles del narcotráfico y grupos criminales. No se ha señalado, por ejemplo, su participación en actividades económicas diferentes a la producción y tráfico de drogas, ni el crecimiento de mercados y población narcodependiente que ello implica.
Respecto a la violencia contra la mujer, Elsa Conde Rodríguez, maestra en sicología y exdiputada del partido Socialdemócrata, enfatizó que ésta se agrava ante la inactividad del Estado. Señaló que hay una falta de acción generalizada por parte del Estado para prevenir y sancionar, por lo que ha aumentado. Hasta inicios de abril, el promedio de mujeres asesinadas al día subió a nueve, en comparación con el promedio de 7.5 de 2017 y el de cuatro previo a 2006.
Los tres poderes del Estado son inactivos ante el tema. Hoy pueden ubicarse 21 formas diferentes de violencia contra la mujer reconocidas por la ley mexicana, pero falta atención en el diseño e implementación de políticas públicas municipales que prevengan la violencia de género.
Ante las próximas elecciones presidenciales, los asistentes consideraron aspectos importantes que están ausentes en los programas de los candidatos, como la falta de rendición de cuentas de las fuerzas armadas, la regulación de la Ley de Seguridad Interior, diagnósticos que cuestionen la utilidad del ejército en el combate al crimen, políticas que reemplacen el enfoque de seguridad por el de salud pública en el tema del narcotráfico, y el de pobreza por el de desigualdad en el tema de desarrollo y acceso a la justicia.
