México continúa incumpliendo uno de los Objetivos del Milenio impulsados por la Organización de las Naciones Unidas: acabar con las muertes maternas. Tan sólo entre el 1 de enero y el 6 de marzo de 2017, 112 mujeres fallecieron durante el embarazo, el parto y el puerperio, reporta el Observatorio de Mortalidad Materna en México.

A pesar de la urgencia de atender este problema de salud, las entidades federativas habrían desfalcado 208 millones de pesos al programa para la Reducción de la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El monto equivale al 46 por ciento del presupuesto que la federación otorgó en 2015 a los estados para atender los objetivos del programa sanitario, que en total ascendieron a 445 millones 920 mil pesos. Ese año, el Observatorio contabilizó 712 muertes maternas en el país.

El programa buscaba “contribuir a reducir la morbi-mortalidad materna y perinatal, con enfoque de interculturalidad, priorizando grupos de alta marginación y de riesgo”; además, “propiciar el acceso universal de mujeres y hombres en etapas pregestacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal, a servicios de calidad y respetuosos”.

No obstante, en su más reciente informe, la ASF señala que las instituciones de salud de las entidades federativas no gastaron el dinero público en esos objetivos.

En un primer caso, el máximo órgano de fiscalización indica: “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública federal por 143 millones 373 mil 458.81 pesos por concepto de recursos federales reportados como ejercidos por las unidades ejecutoras en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas que no cuentan con la documentación comprobatoria”.

Agrega que las instituciones de salud “sólo presentaron listados de gastos para acreditar la aplicación de los recursos en los conceptos de honorarios, sueldos o ayudas, los cuales se consideraron como procedentes por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para acreditar el ejercicio de los recursos ministrados en 2015 para la operación del programa de acción específico ‘Salud Materna y Perinatal’”.

La ASF también presumió un probable daño al erario por 8 millones 238 mil 925.38 pesos que las unidades ejecutoras de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas que no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria, ya que sólo presentaron relaciones de facturas para acreditar el ejercicio de los recursos ministrados en 2015 para el programa Salud Materna y Perinatal.

Otro probable desfalco ascendió a 34 millones 240 mil 107.85 pesos, y fue “por concepto de recursos federales ministrados por la Secretaría de Salud –mediante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva– a ocho entidades federativas (Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Tabasco y Veracruz), las cuales no acreditaron –por conducto de la Secretaría de Salud estatal o su equivalente como unidad ejecutora– que fueron devengados al 31 de diciembre de 2015 en la operación del programa presupuestario ‘Reducción de la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica’ mediante el programa de acción específico ‘Salud Materna y Perinatal’, ni tampoco su reintegro a la Tesorería de la Federación, aunado a que no comprobaron que éstos se encontraban en la cuenta bancaria que abrieron para su administración”.

En otro pliego de observaciones, la ASF señala que el presunto daño al erario fue por 12 millones 7 mil 497.73 pesos “por concepto de recursos federales ministrados por la Secretaría de Salud –mediante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva– a cinco entidades federativas (Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo), las cuales no acreditaron –por conducto de la Secretaría de Salud estatal o su equivalente como unidad ejecutora– que fueron devengados al 31 de diciembre de 2015 en la operación del programa presupuestario U007 ‘Reducción de la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica’, mediante el programa de acción específico ‘Salud Materna y Perinatal’, ni tampoco su reintegro a la Tesorería de la Federación”.

El resto del recurso observado por la ASF también generó pliegos de observaciones, cuyos montos las instituciones de salud estatales tienen que comprobar o devolver.