El Programa Integral Frontera Sur, encabezado por el mexicano Instituto Nacional de Migración, ha sido impulsado directamente por el gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, revela el informe US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and beyond.
Dicho documento, elaborado por la unidad de investigación del Congreso estadunidense, indica que el tercer pilar de la Iniciativa Mérida “involucra el apoyo estadunidense para asegurar las porosas e inseguras fronteras de México con Guatemala y Belice”.
Ese apoyo lo ha brindado el estadunidense Departamento de Estado, y asciende a casi 100 millones de dólares. El Programa Integral Frontera Sur –creado por la administración de Enrique Peña Nieto– ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes indocumentados, pues vulnera los derechos humanos de las personas en tránsito y criminaliza su paso por el país.
De acuerdo con los datos del Congreso estadunidense, el Departamento de Estado ha proporcionado 24 millones de dólares en equipo (incluyendo quioscos móviles y caninos) y asistencia para capacitación de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que operan en la región fronteriza Sur. Además, “ha comprometido más de 75 millones de dólares más en esa área”.
El informe detalla que el Departamento de Defensa estadunidense también ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas militares mexicanas con este mismo propósito: colaborar con el Programa Integral Frontera Sur.
Textualmente añade: “Con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha estado instrumentando el plan de seguridad fronterizo en el Sur de ese país desde 2013, que ha involucrado el establecimiento de 12 bases navales avanzadas en los ríos fronterizos y tres cordones de seguridad que se extienden más de 100 millas al Norte de México y la frontera con Belice”.
El informe de la unidad de investigación del Congreso estadunidense detalla que los agentes del Instituto Nacional de Migración han adoptado nuevas estrategias junto con las fuerzas policiales federales y estatales.
“Estos agentes desarmados han trabajado con el Ejército [Mexicano] y la policía para aumentar los esfuerzos de inmigración a lo largo de las rutas migratorias conocidas. En cambio, los grupos de derechos humanos han criticado a México por los abusos cometidos por sus funcionarios contra los migrantes y por no proporcionar suficiente acceso a los visados ??humanitarios y al asilo a los migrantes que tienen demandas válidas de protección internacional.”
Respecto de este mismo tema, según el informe, “el mayor financiamiento estadunidense ha sido destinado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para ayudar en algunas de esas áreas y ayudar al Instituto Nacional de Migración a desarrollar un programa de capacitación para funcionarios de migración que se entrevistan con poblaciones vulnerables, así como para llevar a cabo repatriaciones humanitarias”.
Nancy Flores
