Un exdelegado federal en Chiapas, de la otrora Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), fue sancionado por irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en 2016. Por este motivo, se impuso una multa resarcitoria por más de 57 millones de pesos y una inhabilitación de 10 años para ejercer en el servicio público.

Así lo confirmó la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien añadió que ha “instruido a las áreas sancionatorias y legales aplicar el máximo esfuerzo en hacer valer las sanciones determinadas”.

Las irregularidades, indica, fueron detectadas a través de una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que determinó que “se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del PIMAF, cuyo objetivo era otorgar apoyos a pequeños productores de maíz y frijol, ya que no se contaba con los expedientes correctamente integrados y no se cumplía con los requisitos establecidos en la reglas de operación del programa”.

El OIC en Sader impuso al exfuncionario, en diciembre de 2019, “una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de diez años y una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos”.

En 2020 la persona sancionada inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); “sin embargo, dicha instancia concedió la razón a la Secretaría de la Función Pública, al reconocer la validez de la sanción y emitir la sentencia definitiva”, informó la dependencia.