La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante los discursos de odio que promuevan el racismo, la xenofobia y la discriminación, negando o reconociendo la dignidad de las personas, dependiendo de su nacionalidad, género, origen étnico o creencias religiosas, advirtió el ombudsman del país, Luis Raúl González Pérez, en clara alusión a la política antiinmigrante del gobierno estadounidense de Donald Trump.
Destacó que el caso grupos vulnerables como los migrantes que “hoy en día todavía no se comprende que han tenido que salir de sus lugares de origen para buscar una mejor forma de vida, que no ha sido por su voluntad, sino que la violencia, la inseguridad y la pobreza, las orillan a trasladarse corriendo riesgos como ser víctimas de desaparición forzada”.
No podemos voltear la cara ante el sufrimiento de las personas migrantes, ni permitir que sus desapariciones queden impunes; la desaparición de una persona representa un reto ineludible para cualquier Estado, pues su maquinaria de justicia e investigación se pone a prueba, no sólo frente a sus ciudadanos, sino ante el concierto internacional, por lo que debe ser comprendida y encarada de una manera integral, aseguró.
Ante el pleno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la ceremonia por el X Aniversario de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, González Pérez reconoció que en México lamentablemente subsiste este delito.
Destacó que la impunidad debilita, sin duda alguna, la garantía del respeto a los derechos humanos, lo cual refleja también el debilitamiento del Estado de Derecho. La falta de investigación y sanción de los agresores envía un peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer tales actos, lo que propicia un entorno favorecedor para la repetición de este delito. En todos los casos debe llegar la justicia y no debemos permitir el olvido
Agregó que debe reforzarse la atención en los casos de desaparición de personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, tales como mujeres, personas con discapacidad, menores de edad, indígenas, defensores de los derechos humanos, periodistas y personas en contexto de migración.
