Una de las pruebas que ha presentado este día la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de los sobornos de Odebrecht es un acta de sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos –encabezado por el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell– donde se le informa a los consejeros y demás testigos que se exceptuaría el proceso de licitación en un contrato a favor de la trasnacional brasileña.
“Se ofrece como dato de prueba el acta de sesión del Consejo de Administración para determinar excepción para contratación de servicios en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, es decir la eliminación de la licitación pública que consta también en el acta de sesión extraordinaria”, indicó el agente de la FGR durante la audiencia relativa a la causa penal 261/2019, en contra de Emilio Lozoya Austin.
Al dirigirse al juez Juan Carlos Ramírez Benítez, el agente también señaló que “la adjudicación directa a Obredecht para acondicionamiento en dicha refinería quedó manifestada en los contratos de obra pública en febrero de 2014, celebrados entre la empresa brasileña y la paraestatal”.
Por ello, la FGR sostuvo que “la promesa [de soborno] aceptada entre el imputado y las realizadas con Odebrecht se concretó con lo anterior”. Para la Fiscalía, Emilio Lozoya Austin violó los códigos de ética de los servidores públicos de Pemex porque no actuó con la probidad ni la confidencialidad requeridas.
Por ello, lo ha acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que consiste “en el propósito de ocultar el origen de dichos recursos”; asociación delictuosa, y cohecho.
Entre los elementos de prueba que presentó también obra la denuncia en contra de Lozoya que interpusieron Pemex y su filial Pemex Transformación Industrial, que dio inicio a la carpeta de investigación donde se señala que las empresas brasileñas se declararon culpables en una Corte en Nueva York, Estados Unidos, por pagar sobornos, entre ellos los 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano.
El testimonio de Luis Alberto Meneses, quien era el que se encargaba de las operaciones de Odebrecht en México y fue quien identificó al exdirector general de Pemex como la persona que recibía los sobornos.
Y se refirieron los pagos a las cuentas de las empresas donde era beneficiario Lozoya Austin, entre ellas Tochos Holding. Al respecto, la FGR presentó al juez un detallado informe que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera en cooperación con autoridades de Suiza, donde se había abierto una cuenta bancaria que habría sido la receptora de los sobornos.
