La Fiscalía General de la República (FGR) no se ha desistido del proceso judicial en contra de los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, acusados por Juan Collado de los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, lavado de dinero y extorsión, mismos que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.
En redes sociales empezó a circular la versión de que el caso se habría caído, luego de que David Gómez Arnau llegara a un acuerdo con la FGR para que ésta se desistiera de mantenerlo como coacusado en la causa penal 550/2022 que se les sigue a los tres abogados.
Al igual que los tres abogados, Gómez Arnau era investigado por su probable participación en la presunta empresa criminal, en donde se le identificaba como el cerebro financiero. Y a la audiencia del pasado jueves 7 de abril, este asesor financiero fue el único indiciado que se presentó a rendir su declaración en torno a estos señalamientos, y se evalúa que pudiera apegarse al criterio de oportunidad. Los otros tres abogados imputados argumentaron tener Covid-19 o riesgo de padecerlo, por lo que no asistieron.
Tras la consignación del expediente FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/SP036/2021, la pasada audiencia no es la única a la que los coacusados no se han presentado: lo mismo ocurrió el 28 de febrero. En aquella comparecencia, los tres abogados y Gómez Arnau acudieron de forma virtual; por ello, el fiscal Manuel Granados Quiroz argumentó que no hay evidencia de que los acusados se encuentren en la jurisdicción, por lo que “estamos ante un elevado riesgo de sustracción de la justicia”. Y añadió que “en caso de que no se encuentren en sus domicilios, podrían sustraerse de la acción preventiva”.
Además de esta causa penal, la FGR investiga una supuesta red de complicidades entre servidores públicos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, despachos de abogados y miembros del Poder Judicial para presuntamente extorsionar a empresarios que enfrentan procesos penales.
Serían por lo menos 10 despachos de litigantes, empresarios y funcionarios de la Consejería Jurídica que aparecen en los expedientes de la FGR por supuestamente establecer una relación de negocios ilícitos durante los primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según los avances, eso les habría generado ganancias multimillonarias a cambio de entorpecer procesos penales contra delincuentes de cuello blanco, negociar reducciones de condenas y ofrecer el criterio de oportunidad con importantes beneficios para los involucrados.
Hasta el momento, el nombre del abogado y exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, no aparece como indiciado en los expedientes abiertos.
Entre los empresarios y abogados sujetos a procesos penales que habrían aceptado negociar están Alonso Ancira, quien aceptó reparación del daño por 200 millones de dólares que causó a Petróleos Mexicanos por la venta de empresa chatarra de Agro Nitrogenados; Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente de la cementera y del equipo de futbol Cruz Azul; Juan Collado, por sus acciones en Caja Libertad de Servicios Financieros y un inmueble ubicado en Querétaro con valor de 500 millones de pesos; Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero, por fraudes cometidos a Pemex y con las cuotas de los trabajadores, entre otros.
El 27 de febrero pasado, el abogado Scherer Ibarra publicó en su cuenta de Twitter que en el caso del abogado Juan Collado, los señalamientos son inferencias de mala fe. El 19 de marzo, el exconsejero jurídico publicó una carta en la que se dice perseguido por el fiscal Alejandro Gertz Manero y la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Te puede interesar: Juicios contra abogados revelan maquinación para extorsionar empresarios
