Más de 20 organizaciones de defensoría de los derechos humanos señalan a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) por entorpecer las investigaciones en torno al asesinato del defensor del medio ambiente Juan Ontiveros Ramos, ocurrido el pasado 1 de febrero en el municipio Guadalupe y Calvo.

Para las organizaciones, es apremiante garantizar una investigación diligente, imparcial y exhaustiva del asesinato. Por ello, urgen a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones apresuradas y sin suficiente fundamento, y proteger a la comunidad de Choréachi y a los familiares de Ontiveros Ramos.

“Expresamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones emitidas el día de ayer por la Fiscalía”, respecto de que ya se tiene plenamente identificado al autor material del crimen del líder rarámuri y a otro cómplice, quienes ya son buscados por agentes ministeriales.

Las organizaciones –entre las que se encuentran la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, la Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte– critican que las autoridades hayan asegurado que “en la indagatoria realizada por el agente del Ministerio Público se establece que el crimen es de carácter personal, según se deriva de la declaración del hermano de Juan Ontiveros, quien lo acompañaba al momento de los hechos”.

Respecto de esas conclusiones de la FGE, las organizaciones señalan que “se basan exclusivamente en el testimonio del hermano de Juan, quien presuntamente atribuye el crimen al hecho de que varios sujetos armados buscaban al yerno de Juan Ontiveros. Al no encontrarlo, se llevaron a éste”.

Dicha información difundida por la Fiscalía, apuntan, “resulta por demás apresurada, irresponsable e insensible en tanto que ningún funcionario ha compartido estos resultados con la familia y la comunidad de Choréachi”.

Para las organizaciones, dicha información “prematuramente divulgada no sólo levanta dudas sobre los presuntos autores materiales ya identificados y el móvil del delito, sino que es abiertamente contraria a los distintos estándares en materia de investigaciones adecuadas respecto de delitos contra personas defensoras de derechos humanos”.

Los defensores de derechos humanos urgen a la Fiscalía General a abstenerse de emitir declaraciones públicas relacionadas con investigaciones recién iniciadas, por ser “apresuradas, sesgadas e insensibles para las familias de las víctimas y las comunidades indígenas afectadas”.

También solicitan que se reencauce el expediente y se investigue con debida diligencia, exhaustividad e imparcialidad no sólo el asesinato de Juan Ontiveros Ramos, sino también el de Isidro Baldenegro López y de todos los demás defensores de derechos humanos ejecutados en Chihuahua.