En México, la Fiscalía creada para atender los crímenes contra la prensa (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión) no ha contribuido a combatir la impunidad en los asesinatos y otros ataques a periodistas, señalan la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas (ONU).
En su informe conjunto, indican que “al menos el 99.6 por ciento de los delitos [contra la prensa mexicana] aún no han sido esclarecidos”, situación que ha sido documentada por diversas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
Por ello, los relatores especiales de la ONU y la CIDH exhortan a la FEADLE a que ejerza eficazmente su competencia para establecer obligaciones legales de quienes estén a cargo de investigar delitos contra la libertad de expresión, y fijen un estándar común sobre cómo llevar a cabo una investigación oportuna, diligente, independiente, transparente y bajo las prácticas internacionales de derechos humanos.
Ante esto, la actual mediadora del Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Adriana Solórzano Fuentes, explica a Contralínea que “cuando se creó esta Fiscalía, muchos pensamos que iba a ayudar; se necesitaba proteger de la violencia y vulnerabilidad al gremio; [sin embargo], este informe tiene razón, ya que no han disminuido los casos de violencia o los crímenes hacia periodistas”.
La mediadora del Imer asegura que la FEADLE “ha sido un fracaso mayor, al no generar las investigaciones necesarias y tener tan pobres resultados, pues lo que hace es reforzar el clima de impunidad que vive el país, por este grado de violencia”.
El informe de las relatorías expresa su preocupación por “la falta absoluta de avances en las investigaciones de desapariciones de periodistas”, ya que la misma FEADLE –organismo creado con el fin de impulsar investigaciones y procesos penales– determinó que 37 de los 84 asesinatos cometidos hacia comunicadores, desde 2010, no habían sido motivados por el ejercicio periodístico de las víctimas.
En el mismo informe se expone que dicha institución tiene 28 investigaciones pendientes, de los 47 casos de homicidio atraídos por la Fiscalía; 16 han sido cerrados o suspendidas y, únicamente, en tres casos se han abierto procesos penales.
Para Solórzano Fuentes, es necesario cuestionar a quienes se encuentran en la cabeza de esta Fiscalía para que expliquen por qué no hay resultados y “se corrija lo que se debe corregir”.
“Estamos ante un Estado en el que las mismas autoridades quebrantan el marco de derecho. No tenemos una impartición de justicia en la que creamos ni tenemos autoridades ejecutivas que garanticen protección y respeto a los derechos [..] nuestros periodistas estén ejerciendo su actividad en medio de la incertidumbre y de la indolencia de las mismas autoridades”, señala.
Según las relatorías especiales, la FEADLE “carece de planes de investigación eficaces, [pues] no agota todas las líneas de investigación, no identifica a todas las personas responsables de los delitos y no analiza el contexto en el cual se produjeron, [provocando] que no se reúna de manera eficaz la evidencia”.
Karen Ballesteros
