Según la SFP, a uno de los funcionarios se le inhabilitó por 10 años y se le impuso una sanción económica por 2 millones 67 mil 200 pesos, mientras que los otros dos involucrados fueron inhabilitados por 2 años y a uno de ellos se le aplicó una multa por 143 mil 935 pesos.
Las sanciones derivan de los resultados de una auditoría al ejercicio 2013, realizada por el Órgano Interno de Control en la entidad paraestatal, en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de los inculpados.
No obstante, la Función Pública aclara que la firmeza de dicha resolución está supeditada al resultado de los medios de impugnación que tienen a su alcance los servidores públicos para enfrentar dichas sanciones.
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