El grupo de trabajo de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPormás presentó una propuesta de Ley Orgánica para la próxima Fiscalía General de la República (FGR) y un informe sobre los cambios constitucionales que se deberían considerar para transformar el modelo de procuración de justicia en México, el 10 de septiembre pasado.
El proyecto fue elaborado en conjunto con legisladores e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
La propuesta está dividida en tres etapas. La primera sería una reforma constitucional a los artículos 21, 73, 76, 89, 102, 116 y 123 para rediseñar el esquema existente de procuración de justicia.
La segunda es una propuesta de Ley Orgánica, junto con una estructura operativa conformada por equipos de expertos que tengan la capacidad de investigar casos de crimen organizado, corrupción y violaciones graves a derechos humanos. Así como la creación de dos fiscalías nuevas: una de derechos humanos y otra de asuntos internos.
Alberto Solís, director de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y miembro del colectivo #FiscalíaQueSirva, dice a Contralínea que la Fiscalía de Derechos Humanos “va a permitir afrontar la grave crisis de derechos que vivimos en el país […] colocando a las víctimas en el centro de las investigaciones”.
Mientras que la de Asuntos Internos tiene el objetivo de mantener la transparencia al interior de la FGR y “evitar caer en las mismas condiciones de impunidad y uso faccioso de la Procuraduría General de la República”.
La última etapa consiste en el proceso de designación transparente y eficaz del Fiscal General, así como de las fiscalías especializadas. Al respecto, el director de Serapaz indica que la Fiscalía debe ser un órgano autónomo porque “es la única manera de garantizar que no se haga un uso político y faccioso de la procuración de justicia en el país y para abatir la situación de impunidad en la que vivimos”.
Aseneth Hernández
