En Guerrero, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registró 591 feminicidios, ocurridos entre 2014 y 2017. Para la organización, se trata de crímenes de lesa humanidad que ocurren a pesar de que ésa fue la primera entidad de la República que tipificó este delito en 2010.

De acuerdo con el informe Implementación del tipo penal de feminicidio en México: desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017, del OCNF, uno de los principales problemas es que de los 591 casos, sólo 47 se indagaron como feminicidios.

Para la coordinadora ejecutiva del OCNF, María de Luz Estrada, el contexto de vulneración a la mujer viene desde la forma en cómo se tipifica el delito dentro del sistema penal mexicano; el cual, señala, está lleno de impunidad, corrupción y falta de mecanismos de sanción contra las autoridades que obstruyen las investigaciones.

En entrevista, observa que la impunidad ha ido de la mano de la generación de tipos penales que no sirven porque no se pueden acreditar. “Cuando lo logran reformar para acreditarlo, la autoridad se niega a investigar”.

La defensora de los derechos humanos considera que al no investigarlos, tampoco “generan la política pública de prevención del feminicidio”. Agrega que “necesitamos tener grupos especializados multidisciplinarios, capacitados para acreditar el delito y tener mecanismos de sanción efectivos para que a la autoridad que fue corrupta u omisa se le sancione, sino seguimos arropando la impunidad”.

En el marco del primer aniversario de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), emitida por el OCNF, la alianza de 49 organizaciones de derechos humanos y mujeres de 22 estados de la República instó a las autoridades del estado de Guerrero a revisar la tipificación y la forma de juzgar los casos a partir de la debida perspectiva de género.

Fabián Vega