Existe una correlación directa entre las agresiones a personas defensoras del territorio y los derechos humanos y el desarrollo de proyectos de energía eólica en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, aseguró Verónica Vidal Degiorgis, subdirectora de la organización ProDESC, AC.
Durante su participación en el foro “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”, indicó que en Unión Hidalgo, la defensa del territorio ha desencadenado amenazas de muerte. Y destacó que Oaxaca es el primer lugar agresiones contra defensoras y defensores de la tierra y el territorio en México.
“En el caso de la comunidad de Unión Hidalgo, la defensa de su territorio contra la instalación de parques eólicos con capital trasnacional español y francés, ha desencadenado violencia y agresiones, incluidas amenazas de muerte hacia las personas defensoras, sobre todo en el marco de las consultas indígenas en donde no se respetan los lineamientos del convenio 169 de la OIT”, aseguró Vidal.
La defensora también coincidió con la relatora especial sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien dijo que “algunas empresas han avanzado en crear políticas de derechos humanos”, sin embargo, “aún son pocas las que tienen políticas públicas que se ocupan directamente de la protección de las personas defensoras de derechos humanos”.
Al citar datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Vidal señaló que “de 2012 a 2018, Oaxaca fue la entidad que registró mayores agresiones a personas defensoras (79 del país) y los ataques se concentraron en la zona de Juchitán”. Estos se dieron en un contexto de imposición de parques eólicos.
También recordó que por la gravedad de las amenazas y los riesgos, desde 2011 las personas defensoras de Unión Hidalgo son beneficiarias de medidas cautelares comunitarias, mismas que se ampliaron en 2012 con la entrada de Électricité de France a la comunidad y el incremento exponencial de las amenazas y agresiones en su contra.
Agregó que “en junio de 2018, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana por la situación de riesgo de las y los defensores tras haber iniciado procesos legales contra la empresa y contra la Secretaría de Energía en México”.
Un año después, en junio de 2019, detalló que “la OMCT y la Federación Internacional para los Derechos Humanos emitieron un llamado urgente debido al incremento de las agresiones y amenazas en el contexto del proceso de consulta sobre el proyecto Gunna Sicarú de Electricité de France en Unión Hidalgo”.
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