A un año del ataque policial cometido contra la Normal Rural de Tiripetío no existe justicia ni investigación suficiente sobre la violación de derechos humanos perpetrada por las fuerzas estatales de Michoacán.
En el caso del normalista Gael Solorio Cruz, sobreviviente de un intento de ejecución extrajudicial, no hay reconocimiento efectivo, sanción ni reparación de daños.
El 21 de junio de 2017, la policía estatal de Michoacán reprimió una manifestación de normalistas rurales que exigían el pago retrasado de sus becas, en las inmediaciones de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán.
Los agentes accionaron armas de fuego contra los normalistas y dispararon a Gael Solorio Cruz, cuya mandíbula fue perforada por el impacto de un proyectil en la mejilla izquierda. Gael se repuso después de semanas en estado crítico de salud; sin embargo, la bala permanece alojada en su cuerpo dado el riesgo que representa su extracción.
La agresión fue un intento de ejecución extrajudicial, de acuerdo con los defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH Vitoria) y de Servicios y Asesoría para la Paz, puesto que elementos de la policía dispararon a conciencia contra una persona que hacía uso de su derecho a la libre manifestación y libertad de expresión.
Valentina Melgar Bermúdez, quien brinda acompañamiento a la familia de Gael desde el CDH Vitoria, remarca que no se trató de un accidente, sino de un ataque consiente en que los policías dispararon contra los estudiantes con armas de fuego, no de goma.
Pese a la gravedad del caso, a la fecha no existe una investigación clara de los acontecimientos ni justicia para las víctimas. Las declaraciones del gobierno de Michoacán posteriores a la represión criminalizaron la protesta y revictimizaron a los normalistas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV estatal) no reconocieron la violación a los derechos humanos de Gael y su familia; la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha dado respuesta a la solicitud de atracción del caso.
Únicamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV nacional) atrajo el caso, pero la complejidad de los procesos administrativos ha retrasado el apoyo. La familia recibió ayuda económico a través de un fondo emergente para cubrir gastos médicos, pero el retraso en el rembolso de gastos ha provocado su endeudamiento.
Además, permanecen a la espera de tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, al que tienen derecho como parte del Registro Nacional de Víctimas.
Melgar Bermúdez remarca la importancia de que la justicia alcance al gobierno estatal. No debe limitarse a condenar al agente responsable del ataque contra el normalista, sino que se debe reconocer la responsabilidad del gobierno de Michoacán, que envió elementos estatales y del municipio de Morelia a reprimir la manifestación estudiantil.
Después de un año del ataque que casi le costó la vida, Gael Solorio se encuentra estable. Pasó por un proceso largo de rehabilitación, tras el que pudo regresar a sus actividades en la normal de Tiripetío. Este año ha tenido que asistir a revisiones médicas por las secuelas de la agresión: la bala sigue dentro de su cuerpo.
Los centros defensores de Gael destacan la inacción de la Procuraduría General de Justicia y la falta de seguimiento del caso. A pesar de que existe una denuncia contra la policía de Michoacán –interpuesta ante dicha institución con el acompañamiento del CDH Vitoria, el equipo jurídico y abogados representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación–, no hay un proceso jurídico ni trabajo de investigación, denuncian las organizaciones.
La defensora Melgar Bermúdez considera que, si bien el CEAV nacional ha brindado ayuda económica a la familia, no existen avances en la reparación de daños en aspectos como la justicia y la memoria. Se requiere una reparación integral que contemple el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado y de las víctimas como tales, así como la investigación de los responsables y el debido proceso.
Los normalistas detenidos el año pasado durante la manifestación están libres y no existen procesos jurídicos contra ellos. Pero a raíz de la represión existe miedo en la normal de Tiripetío; los estudiantes denuncian presencia policiaca a los alrededores de la escuela, misma que inhibe sus derechos políticos y civiles.
Alba Olea
