A partir del miércoles 21 de febrero y hasta el lunes 15 de abril, los legisladores realizarán foros nacionales y regionales para debatir el paquete de iniciativas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las 20 reformas serán sometidas a diálogos enfocados en el análisis y debates. Aunque, primero, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostendrá una reunión privada con los líderes parlamentarios en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), agendada para el día martes 20 de febrero.
Ello, de acuerdo con el informe del coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier Velazco, quien explicó la forma de análisis de estas iniciativas. “Se agruparán en cuatro grandes ejes principales: libertad, bienestar, justicia y democracia”, señaló.
Anticipando la negativa de los legisladores de la oposición, el diputado Mier destacó el arduo debate que se aproxima en los parlamento abiertos, donde se expondrán las distintas posturas.
De igual manera, explicó que al paquete de 20 reformas se incluirá el debate de la reforma de reducción de la jornada laboral y la propuesta de iniciativa sobre controversias constitucionales del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz.
Las propuestas de reformas se analizarán a través de la opinión de distintos centros educativos, organizaciones, asociaciones civiles, especialistas, investigadores, universidades y partidos políticos, así como mexicanos que estén interesados en participar en este proceso.
Estas reformas presentadas por el presidente López Obrador abarcan las garantías constitucionales a los programas sociales, como el apoyo a adultos mayores y las personas con discapacidad; la garantía de la atención médica universal gratuita, y la prohibición del comercio de vapeadores y de drogas químicas, por ejemplo, el fentanilo.
Las propuestas más polémicas para los legisladores del bloque conservador han sido la penalización del delito de extorsión de la delincuencia organizada; el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante factureras, y la propuesta de revertir las reformas de pensiones, tanto la de 1997 como la de 2007.
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