La red de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI) acordó aceptar del 25 al 30 por ciento de financiamiento propuesto y “conseguido” por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), pese a considerar que será “insuficiente” para llevar a cabo sus labores. El monto por 8.5 millones de pesos sólo servirá para la operación en los próximos 3 meses del año, advirtieron integrantes.
La Red señaló que recibirán el recurso sólo para no cerrar ni dejar de brindar servicios a mujeres violentadas y embarazadas. Advirtieron que de por sí “las CAMI enfrentan ya una situación crítica”, pues llevan ya 6 meses sin recursos y dos en exigencia de la liberación presupuestaria.
Rubicela Cayetano Pesado, de la Casa Nääxwiin en el Istmo de Tehuantepec, dijo: “en la Red valoramos si aceptamos el recurso o no, porque no cubre las necesidades básicas. Sin embargo, las CAMIS expresaban que hay una situación muy fuerte de crisis en el país, en las comunidades, en el trabajo que desarrollamos porque los gastos operativos son fijos”
A pesar de todas las carencias a las que se vienen enfrentando, algunas de las Casas continúan atendiendo a las mujeres que lo requieren: “no hemos cerrado, buscamos distintas estrategias para continuar, aunque no todas”, advirtió Nelsy Ku Chay, coordinadora de la Red.
Algunos casos son más graves. Por ejemplo en la Casa “La Paloma”, en Sonora, donde se pidió dinero prestado, “al estar seguras de que nos iban a aplicar el presupuesto total”, indicó Patricia Alonso.
La miembro de la casa precisó que solicitar crédito “casi siempre sucede, todos los años”, pero “ahora nos encontramos endeudadas para poder tener la Cami abierta y los 8.5 millones no alcanzan para pagar la deuda”. Y es que, no todas las casas recibirán el 30 por ciento de financiamiento: “a la mayoría nos entregan entre el 24 y 25 por ciento, a una minoría de las CAMI el 30 por ciento dependiendo de la fase en la que se encuentren”.
Ello, aunque desde la Cámara de Diputados, la Comisión de Igualdad de Género les informó que ya aprobaron el presupuesto del anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Por eso, Rubicela Cayetano exigió se respete el presupuesto aprobado. Además de denunciar que “todo llega al Programa de Bienestar”, por petición del gobierno. “Hay mucha violencia y el recurso no llega a donde debería”
De acuerdo con Patricia Alonso, el INPI logró liberar 12 millones de pesos de Hacienda, pero destinó 4 o 3 millones y medio para pagar promotoras comunitarias precisamente para hacer este trabajo de prevención de la violencia de género. “Nosotras propusimos que el dinero fuera canalizado a las Casas, pero no aceptaron”, precisó.
“Aunque recibamos este cachito del presupuesto, no estamos de acuerdo y seguiremos en exigencia del resto del presupuesto”, indicó Rubicela Cayetano.
