El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez advirtió que el endurecimiento de las políticas migratorias que se ha anunciado el gobierno de Estados Unidos “podría implicar medidas que criminalizaran a las personas en situación de migración, contribuyendo con ello que fuesen víctimas de discriminación, así como a un aumento de la intolerancia, xenofobia, exclusión y violencia en su contra”.
Expresó que Además de la incidencia que tendrán en la estabilidad social y económica de la región, podrían propiciar la violación a los derechos humanos de millones de personas que radican en ese país bajo una condición migratoria irregular, así como de aquellas que, en contexto de migración, transitan hacia la región norte del continente americano.
González Pérez pidió la intervención del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes; el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas; el Relator para los Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y al Comité para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios de la ONU.
Solicitó vigilar, dar seguimiento y, en su caso, emitir pronunciamientos y dictar las medidas que correspondan, ante los inminentes cambios que el gobierno de los Estados Unidos de América ha anunciado en su política migratoria, que podrían verse afectadas por tales medidas, así como la naturaleza y alcance de las mismas, su aplicación podrá hacer nugatorios los derechos que les asisten, tales como contar con las debidas garantías procesales a la hora de que su condición jurídica fuera evaluada y de determinar si se les permite la entrada y están autorizados para permanecer en el país.
José Réyez
