Madrid, España. El presunto desfalco de millones de euros en la empresa de aguas Canal de Isabel II puso contra las cuerdas al gobierno conservador español de Mariano Rajoy, asediado por un sinfín de casos de corrupción.

Por enésima vez en los últimos meses, la imagen del derechista Partido Popular (PP) se estremeció por una avalancha de noticias vinculadas con presuntos casos de corrupción en las más altas instancias de la formación.

En apenas semanas, los escándalos de irregularidades en las filas de la agrupación oficialista, que -a diferencia de su primer mandato (2011-2015)- gobierna en minoría desde octubre de 2016, coparon grandes titulares en la prensa nacional.

La saga de corrupción que enloda al PP dio un giro espectacular el 19 de abril con la detención de 12 personas en la Comunidad de Madrid, región administrada desde hace dos décadas por los conservadores de Rajoy.

Ese día quedó bajo arresto el expresidente de la citada región autónoma Ignacio González (2012-2015) en una operación anticorrupción contra la empresa pública Canal de Isabel II, encargada de la gestión del agua en la capital española.

González, que estuvo al frente del mencionado consorcio estatal entre 2003 y 2012, cuando entonces era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, fue detenido por el supuesto desvío de dinero de los contribuyentes en beneficio propio.

A los 12 implicados, la justicia les imputa delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo, fraude, cohecho y corrupción en los negocios.

Los investigadores sospechan que Canal de Isabel II pagó sobreprecios y comisiones para la adquisición de compañías en Brasil y Colombia, lo que enriqueció a los gestores y desvió fondos de la firma.

En total, la trama pudo haber desviado 23,3 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales a través de la compra por parte de Inassa, filial suramericana de Canal, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.

El mecanismo malversador, según recoge en su auto el juez de la Audiencia Nacional (AN) Eloy Velasco, habría consistido en una “premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones”.

Entre los detenidos en este caso figura Edmundo Rodríguez, extitular de Inassa y considerado el hombre de confianza de González en Latinoamérica, a quien el magistrado instructor mandó a prisión sin fianza, junto al otrora gobernante madrileño.

Velasco cree que desde Canal de Isabel II se desfalcó un total de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros al cambio actual) a las arcas públicas por parte de los detenidos, tan solo en la operación que supuso la compra de la compañía brasileña Emissao.

Una adquisición por parte de la entidad pública en 2003 sin ningún tipo de control para el “desvío de dinero público madrileño” a “cuentas bancarias de terceros países con opacidad”.

Además, una de las cinco ramificaciones que abarca el ya conocido como caso Canal estudia un presunto blanqueo de dinero por parte de Ignacio González y la supuesta financiación ilegal del PP regional.

González fue hombre de confianza de Esperanza Aguirre, referente del PP a la que sucedió en la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2012.

Para las elecciones autonómicas de 2015, Rajoy lo descartó como candidato debido a que ya se encontraba envuelto en un escándalo por la compra de una vivienda.

“La corrupción le está estallando al PP por los cuatro costados”, afirmó Miguel Ángel Heredia, diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal fuerza de oposición.

Heredia aludió a la decisión adoptada el pasado 18 de abril por la AN, que citó al propio presidente del Gobierno a declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas, que también sacude a la derecha.

RAJOY Y EL CASO GÜRTEL

Un día antes de la operación Lezo sobre el desfalco en la empresa gestora del agua en Madrid, la AN acordó que Rajoy testifique en el juicio del caso Gürtel, que indaga una trama de empresarios que habrían dado dinero a altos cargos del PP a cambio de contratos.

Esta citación es una primicia para un jefe del Gobierno español en ejercicio.

En ese proceso está implicado el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien reconoció ante la justicia una “contabilidad extracontable” dentro de la formación conservadora, que también tiene abiertas causas judiciales similares en otras regiones españolas.

Dos de los tres jueces del tribunal de la AN aceptaron la petición de una asociación de abogados que ejerce de acusación popular para que comparezca el jefe del Ejecutivo, por su condición de secretario general del partido en la época de los hechos juzgados (1999-2005).

La decisión fue adoptada en contra de la postura de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que no estimaban necesario que el gobernante y actual líder del PP declarase en relación con la supuesta contabilidad paralela o “caja B” de su agrupación.

Esta investigación, que en octubre de 2016 sentó en el banquillo a 37 personas, es una de las tres causas abiertas por esta trama corrupta, que cuenta con varias ramificaciones regionales, siempre vinculadas a los populares.

Los reiterados casos de corrupción en las filas oficialistas condujeron al partido de Rajoy a la pérdida de unos tres millones de votos en las dos elecciones generales celebradas en diciembre de 2015 y junio de 2016.

Ello explica, en buena medida, el descalabro sufrido en ambas citas electorales por el sistema bipartidista, encarnado durante casi cuatro décadas por socialdemócratas (PSOE) y conservadores (PP), y el surgimiento de nuevas agrupaciones como Podemos y Ciudadanos.

“El problema de la corrupción no tiene que ver con manzanas podridas”, sino que es “una estructura de poder político que afecta fundamentalmente al PP”, denunció Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, tercera fuerza política en España.

Iglesias llamó a “desparasitar” las instituciones a través de una oposición social que devuelva al pueblo español los servicios públicos y la democracia, usurpados por lo que consideró una trama corrupta político-empresarial.

Eduardo Rodríguez-Baz*/Prensa Latina

* Corresponsal de Prensa Latina en España.