Sólo dos de las nueve medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Mujeres víctimas de Tortura Sexual en Atenco VS. México han sido cumplidas, denunciaron en un comunicado las mujeres sobrevivientes al operativo policiaco realizado en el poblado Atenco, Estado de México, en 2006. De acuerdo con la sentencia notificada en 2018, el Estado mexicano debió cumplimentar desde 2020 la mayoría de las medidas del fallo de la Corte.

Los próximos 3 y 4 de mayo se cumplen 15 años de que mujeres fueran detenidas de manera arbitraria, reprimidas y violentadas sexualmente por elementos de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales. Pasados cuatro gobiernos, las mujeres de Atenco continúan sin obtener justicia.

Si bien, el Estado mexicano manifestó su compromiso por garantizar la reparación, la justicia, la no repetición de los hechos al cumplir con lo ordenado en la sentencia, las mujeres expresaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha remitido la investigación abierta contra policías estatales a la Fiscalía General de la República (FGR). Ello, a pesar de que así lo ordenara un juez de amparo en noviembre pasado.

En el comunicado, emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), se señala que la FGJEM deja fragmentada la investigación y obstaculiza la posibilidad de investigar a la cadena de mando. La Fiscalía General de la República tiene la facultad, desde septiembre de 2019, de atracción del caso con el fin de investigar los hechos y a los tres niveles de gobierno.

Asimismo, señala que otra medida en desacato es la de no repetición, ya que las acciones han sido detenidas desde octubre de 2019. Y es que, el Centro expuso que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, no tienen una ruta para fortalecer su normatividad o garantía presupuestal. Además, el Diagnóstico Nacional en la materia ordenado, también por la CIDH, no ha sido realizado.

Con respecto de la evaluación a la hoy Guardia Nacional mediante el Observatorio Independiente de Monitoreo del Uso de la Fuerza y Rendición de Cuentas de las Fuerzas Policiales a Nivel Federal, el gobierno de la “cuarta transformación” comunicó al organismo interamericano que desacatará el ordenamiento ya que dicha tarea es realizada por los órganos Internos de Control. Mientras, lo que buscaba por la Coidh era monitorear de manera externa con participación ciudadana.

Por otro lado, en cuanto a las medidas individuales, como el otorgarles atención física y emocional, también hay retrasos, acusó la organización civil de defensa de los derechos humanos. Lo anterior, derivado de la falta de coordinación interinstitucional, así como de deficiencias en el seguimiento administrativo por las instituciones implicadas.