De 2011 a 2017, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) recibió y analizó 1 mil 75 casos de presunta discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.
El trato diferenciado hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) es posible verlo, ya que el 79 por ciento de las quejas fue contra particulares y el 21 por ciento contra personas del servicio público. Cuatro de cada cinco casos fueron originados por la orientación sexual.
Además, siete de cada 10 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI han sentido discriminación en espacio públicos educativos; además, cinco de cada 10 manifestaron haber sido víctimas de acoso, hostigamiento o discriminación en el trabajo, según datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fundación Arcoíris.
El Conapred consideró que dentro de los temas prioritarios en materia de inclusión es necesario tipificar los crímenes de odio contra las personas LGBTI, adoptar medidas contra cualquier acto de bulling, así como reformar la Ley de Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que permitan la afiliación de parejas del mismo sexo.
Además de que la ley debe garantizarles el acceso a servicios de salud especializados, sin ser víctimas de exclusión, puesto que el 40 por ciento del total de los profesionales de la salud comprende la homosexualidad como causa del sida, reveló un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública. Lo que actúa en detrimento del acceso a la salud de este sector de la sociedad.
Jordana González
