La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración anunció que los 17 integrantes de la Comisión de la Verdad de Nayarit han sido ingresados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ello, luego de que personal de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos se reuniera con ellos para analizar la problemática de seguridad que padecen sus miembros; identificar el estado actual de la situación, así como el contexto de las presuntas represalias que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos en esa entidad.

En un comunicado, la Subsecretaría que depende de la Secretaría de Gobernación indicó que esto “permitirá continuar el desarrollo de estrategias puntuales para la atención integral de esta problemática”.

Ello, porque es necesario “que cesen las represalias por la labor de defensa y demanda de justicia que realizan los integrantes de la Comisión de la Verdad de Nayarit”.

A través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, se dará seguimiento a las situaciones expuestas durante la reunión con los defensores.

Asimismo, el Mecanismo será el encargado de “evaluar las medidas de protección necesarias. Esta situación fue notificada a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría General de Gobierno de Nayarit”.

Respecto de las acciones urgentes dictadas al Estado mexicano por el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, se informó que “la Dirección de Asuntos Internacionales de la Unidad continuará la coordinación de los esfuerzos a fin de dar cumplimiento y garantizar el derecho de la comisión de encontrar a todas las personas que han sido víctimas de este delito en Nayarit”.

Además, la “Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos continuará el impulso de acciones pertinentes para garantizar que el trabajo de los integrantes de la citada comisión sea ejercido con pleno respeto a sus derechos como personas defensoras”.

En ese contexto, la Secretaría de Gobernación reiteró “su compromiso para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos, al reconocer y visibilizar su trabajo como pilar para el bienestar social de todas y todos los mexicanos”.

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