El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo; de energía, Dan Brouillette, y de Comercio, Wilbur L. Ross, manifestaron al gobierno mexicano su preocupación por las “acciones regulatorias” emprendidas en el sector energético que se llevan a cabo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En una carta dirigida a los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; de Energía, Rocío Nahle, y de Economía, Tatiana Clouthier, los funcionarios estadunidenses indican que “las recientes acciones regulatorias del gobierno mexicano han creado una incertidumbre significativa sobre los procesos regulatorios de México, especialmente con respecto al sector energético, y han dañado el clima general de inversión de México”.
A pocos días de dejar la administración Trump, los secretarios del vecino país se manifestaron para “maximizar nuestra relación económica”, especialmente con la introducción del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (Tmec).
“Más recientemente, nos han preocupado los informes de un memorando del 22 de julio, seguido de una reunión el 22 de septiembre con reguladores que “supuestamente recibieron instrucciones de bloquear los permisos para proyectos energéticos del sector privado y ejercer su autoridad reguladora para favorecer a las empresas energéticas estatales. De ser cierto, esto sería profundamente preocupante y suscitaría preocupaciones con respecto a los compromisos de México en el marco del T-MEC”, expresa la misiva.
El documento señala que, además de dañar varios proyectos del sector privado respaldados por Estados Unidos en todo el sector energético, estas medidas podrían afectar negativamente a cientos de millones de dólares de inversiones públicas en energía del gobierno de Estados Unidos en México realizadas a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, el Export-Import Bank of the United States [Eximbank].
Asimismo, dice, se podrían ver afectadas las inversiones públicas de Estados Unidos y México a través del Banco de Desarrollo de América del Norte. “Si bien respetamos el derecho soberano de México a determinar sus propias políticas energéticas, estamos obligados a insistir en que México cumpla con sus obligaciones del (Tmec), en defensa de nuestros intereses nacionales, que incluyen inversiones financiadas por el contribuyente estadunidense”.
