Las empresas mineras y el Estado, en sus tres niveles de gobierno, pretenden “incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos”, indicó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
A través de un comunicado, la organización aseguró que tanto empresas como autoridades han iniciado “una fuerte campaña para la difamación, criminalización, estigmatización, agresión y amenazas en contra tanto de la población, como de los grupos que acompañan sus procesos de defensa y resistencia en contra de la minería”.
Entre los casos que ejemplificaron la utilización “de empleados de la empresa canadiense Almaden como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla; o como lo hicieron a través de la autoridad municipal e instancia federales y la misma empresa Fortuna Silver Mines en San José del Progreso Oaxaca; o con golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa Excellon Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango; o como hace apenas unos días le pasó lo mismo a las y los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco en Acacoyagua Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la policía estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la empresa minera El Puntal S.A de C. V. De la misma forma ocurrió con la organización Bios Iguana y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en Colima, quienes al defenderse de la empresa Gabfer S.A. de C.V, recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó en su contra”.
En todos estos casos, indicó, existe un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería. Amenazan, golpean, detienen, intimidan, siembran pruebas e inventan expedientes para deslegitimizar tanto a los grupos que acompañan a los pueblos, como a los propios habitantes que aspiran a una vida digna y no de muerte como viene generando la minería.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran, denuncia la Rema, se encuentran: El Frente del Soconusco, Otros Mundos, EDUCA, Miningwatch, Tiyat Tlali, Prodesc, Fundar, el Frente Ixtepecano, la Unión de Ejidos de Zanatepec, los pescadores de Nuevo Balsas, Bios-Iguana, entre otros, quienes “han sido víctimas de campañas difamatorias, amenazas y en algunos de estos grupos incluso han sido asesinados, simplemente por actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de choque actúan en la opacidad, la cobardía y el uso de la fuerza y la intimidación”.
La Rema también expuso que el Estado mexicano ha sido omiso y lo responsabilizó “de cualquier afectación física, psicológica y patrimonial de nuestros compañeros”.
Érika Ramírez
