Nestora Salgado, ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, abrirá la Casa de Solidaridad Comunitaria a favor de los que menos recursos tienen. A la par, hace planes para brindar apoyo psicológico y social a quienes lo requieran, proyectos que pronto echará a andar con el apoyo de organizaciones humanitarias de Estados Unidos, Canadá, Alemania y España.
En entrevista comentó que el próximo martes 28 de febrero, a las 13 horas, se abrirá este espacio, acondicionado ya con una cocina que dotará de comida a quien lo requiera o un lugar para descansar o asearse. También se pretende hacer un banco de ropa.
“Pasa que a veces la gente viene de lejos al doctor y, al no ser atendida, se queda en la comunidad, pasa la noche en la calle o en el corredor del Ayuntamiento Municipal, en espera de atenderse al día siguiente; entonces, ahora ya podrán tener un espacio donde no pasen frío. Esperamos darles un poco de hospedaje y comida gratuita”, dice.
Datos de la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social indican que el municipio de Olinalá tiene un “muy alto” grado de marginación; con una población de 24 mil 723 (censada hasta 2010). El 73.88 por ciento de la población de 15 años y más con educación básica incompleta; el 80.26 por ciento de viviendas particulares no disponen de agua entubada de la red pública y el 40.1 por ciento está sin derecho-habiencia a servicios de salud.
La líder y comandante de la policía comunitaria en Olinalá fue encarcelada durante 2 años y 7 meses y declarada inocente el 18 de marzo de 2016, acusada de secuestro. A casi un año de haber sido liberada comenta que nunca debió ser encarcelada y que todavía hay un proceso abierto con irregularidades, pero tampoco ha sido llamada ninguna cita.
“El gobierno me quiere tener alejada del estado, de mi comunidad, me miran como algo peligroso para ellos, no se me hace normal tantas irregularidades en mi caso”, comenta.
Contralínea documentó que la líder social y su organización habían sido señaladas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, al igual que otras organizaciones sociales, ambientalistas, sindicatos y defensores de derechos humanos, como que “atentan” contra la seguridad nacional, en la Agenda Nacional de Riesgos (edición 503 http://bit.ly/2bZ0gvi)
Érika Ramírez
