El Ejército Popular Revolucionario (EPR), expuso que el proceso electoral, llevado a cabo el pasado 1 de julio, transcurrió en medio de la violencia propiciada por el Estado, pues, de acuerdo con dicha organización guerrillera, militares y policías tuvieron un papel coercitivo sobre varias poblaciones, a lo largo de todo el país.
En la edición 187 su órgano de difusión, El Insurgente, el EPR denunció que en la jornada electoral del 1 de julio tanto soldados, marinos y policías de diferentes corporaciones fungieron como entes represivos “e impusieron un latente estado de sitio bajo la bandera de la ‘protección a los ciudadanos’”.
De acuerdo con el artículo “Nueva coyuntura y la táctica revolucionaria”, de la misma edición, fueron diversas las expresiones de violencia contra el pueblo, y “como botón de muestra, es el caso de la acción directa del ejército para obligar a votar por el PAN [Partido Acción Nacional] a comunidades del municipio de Tantoyuca, Veracruz”.
Asimismo, describieron las diferentes expresiones antielectorales emitidas por el pueblo mexicano, “las cuales tratan de ocultar y minimizar”: “en Michoacán pueblos de más de 40 mil habitantes decidieron no votar; en Jalisco y Chiapas comunidades indígenas no permitieron la instalación de casillas. Expresiones de esa naturaleza también se dieron en Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Puebla. En conjunto son la expresión del abstencionismo político, el rechazo claro al régimen y a la democracia burguesa”.
El grupo guerrillero, también descartó que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador haya sido una “revolución sin muertos”, ya que, de acuerdo con lo escrito en dicho comunicado, el arribo de Morena [Movimiento Regeneración Nacional] a la administración federal se dio entre más de 300 mil detenidos-desaparecidos, más de 300 mil ejecuciones extrajudiciales, más de 300 mil presos –la mayoría es de manera injusta– y más de 1 millón 200 mil desplazados con violencia. “Sobre estas víctimas del terrorismo de Estado es que se tiene una victoria electoral”.
Por último, el EPR argumentó que la exigencia inmediata del pueblo, al próximo gobierno, es la desmilitarización del país, el desmontaje inmediato del Estado policíaco militar, la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de “ayer y hoy”, el juicio y castigo a “los criminales de Estado”, la desarticulación de todos los cuerpos policíaco militares especiales y paramilitares, quienes “ejercen la represión y el terrorismo de Estado contra el pueblo”.
“Las víctimas del terrorismo de Estado durante el régimen neoliberal son parte de la memoria histórica, no se pueden olvidar, son producto de la violencia sistemática y generalizada de la política de gobierno y, por tanto, la exigencia de juicio y castigo a los responsables no es moneda de cambio.”
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Karen Ballesteros
