La intervención de las comunicaciones constituye entre otras violaciones la injerencia arbitraria en la vida personal, prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos, señala la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Por ello, “condena los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias, hechos públicos el pasado lunes 19 de junio, tras una investigación de varias organizaciones sociales”.
La ONU-DH solicita al gobierno de México investigar estos hechos y obligar a que los responsables rindan cuentas.
“Los hechos denunciados son profundamente preocupantes. Comprendemos plenamente la indignación que sienten quienes han sido víctimas de estos actos, particularmente en el caso del menor de edad y la esposa de una de las víctimas. Además, el hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado democrático de derecho, pues con su trabajo contribuyen a la fiscalización del poder, la difusión de información, la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y por la justicia”, asegura Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
A través de un comunicado, la ONU-DH indica que “el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas”.
La Oficina en México del Alto Comisionado “recuerda que existe un amplio número de medidas señaladas por distintos órganos internacionales como esenciales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del ejecutivo, así como mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de carácter público sobre el uso de estos sistemas”.
“Con independencia del avance de las investigaciones judiciales, desde mi Oficina exhortamos a las autoridades para que informen qué instituciones públicas cuentan con estos recursos tecnológicos, de qué manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades administrativas por su uso ilegal”, resalta Jarab.
La ONU-DH “exhorta a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que en el marco de sus funciones como órgano de control y evaluación de las políticas y acciones en dicho campo, verifique de manera permanente que los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, cumplen las leyes vigentes, así como las normas de derechos humanos, y realizan un uso adecuado de los fondos públicos asignados”.
Nancy Flores
