Organizaciones en defensa del medio ambiente exigieron el “desmantelamiento” de la presa El Zapotillo, obra de infraestructura promovida desde el gobierno de Vicente Fox, que podría inundar las comunidades Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en Jalisco.
El Zapotillo es un proyecto intergubernamental impulsado por el gobierno federal y los estados de Jalisco y Guanajuato. El dique, que contará con más de 105 metros de altura, inundará las poblaciones y desplazará de sus lugares de origen a más de 800 personas.
A través de un comunicado, firmado por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los comités de Hijos Ausentes en Guadalajara, San Juan Cósala, Monterrey y Estados Unidos, el Colectivo de Abogad@S y el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), indicaron que en “13 años de lucha, de resistencia y de propuestas por un nuevo modelo de gestión integral del agua, muchas personas de nuestras comunidades han muerto, llevándose el dolor y la angustia en sus corazones del desprecio de los gobiernos, del despojo e intento de inundación de nuestros pueblos”.
Los firmantes indicaron que tanto el gobierno federal como el de Jalisco “no han tenido la capacidad, ni la voluntad política de realizar programas para la sustentabilidad del agua, como: la captación de agua de lluvia; programas de reparaciones de tuberías; verificar la eficiencia de las plantas tratadoras; cuidado de zonas de recarga; monitoreo y medición en tiempo real del agua – elementos fundamentales para una buena gestión integral del agua”.
Manifestaron que los años de resistencia han servido para preservar el agua de la cuenca del Río Verde sigue en Jalisco y “seguimos demostrando lo obsoleto de este proyecto de muerte, las afectaciones sociales, ambientales y económicas que el proyecto El Zapotillo ha generado”.
Entre los principales daños estarían: pérdida de casas, desplazamientos forzosos, más de 3 mil hectáreas de tierra cultivable, “corrupción y derroche de dinero público, violación a nuestros derechos humanos, 6 mil productoras de Los Altos que verían afectadas su fuente de trabajo, pérdida de biodiversidad, daño al abastecimiento de agua subterránea”, entre otros.
“Por una parte, los gobiernos privatizan el agua, vendiéndola al mejor postor, y por otra han permitido un ecocidio en el Río Verde, debido al saqueo ilimitado por parte de areneros, con concesiones otorgadas por Conagua [Comisión Nacional del Agua] hasta por 30 años que no cuentan con permiso de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente], licencia municipal, Manifestación de Impacto Ambiental y, a pesar de esto, ninguna autoridad municipal, estatal y federal han hecho nada para detenerlos”, dice el escrito.
Manifestaron su desconfianza a los actores políticos porque han manejado un discurso demagógico de “salvación a las comunidades”, que escuchan cada vez que viene el año electoral, han transcurrido los gobiernos de los panistas Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, también del priísta Aristóteles Sandoval, “quienes hicieron sendas promesas de protección y respeto a los pueblos y que, finalmente, traicionaron sin más. Ahora, nuevamente en tiempos electorales, volvemos a escuchar las mismas promesas por parte de todos los candidatos, y les decimos que ya no les creemos, el agua no es un botín político, no es panfleto de campaña”.
Érika Ramírez
