Decenas de miles de personas refugiadas enfrentan una crisis sin precedentes en materia de derechos humanos derivada de las políticas públicas de Estados Unidos y México en materia migratoria, advierte la organización Amnistía Internacional.

En su análisis Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México señala que el tránsito, ya de por sí peligroso, de miles de indocumentados “se ha vuelto aún más mortal, gracias a la orden ejecutiva sobre control fronterizo e inmigración dictada por el presidente [estadunidense Donald] Trump, así como por las arraigadas e imprudentes prácticas de México.

El informe –basado en investigaciones intensivas en ambos lados de la frontera– señala que el impacto de las nuevas políticas y prácticas es “catastrófico”, pues ha dado lugar a “la devolución forzada ilegal de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, y amenaza con encerrar ilegalmente a miles de familias más, incluidos bebés, niños y niñas, en centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos”.

Para Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ambos gobiernos “son socios en el crimen y están fraguando una incipiente catástrofe de derechos humanos. Estados Unidos está construyendo un sistema cruel y hermético para impedir que gente que lo necesita reciba protección internacional, y México está demasiado dispuesto a desempeñar el papel de portero de Estados Unidos”.

La activista agrega que “la estrategia del muro fronterizo del presidente Trump no reconoce que, si quieren vivir, estas personas no tienen más opción que huir de sus hogares. El muro de Trump, sus cuestionables órdenes y sus centros (cada vez más numerosos) de detención para inmigrantes no impedirán que la gente trate de entrar en Estados Unidos. Al contrario: para lo único que servirán es para obligar a esas personas a tomar rutas mortales a través del desierto, el río y el mar”.

A través de un comunicado de prensa, Guevara-Rosas indica que “en este enfermizo juego del ratón y el gato, las únicas que pierden son los cientos de miles de personas que huyen desesperadas de la violencia extrema y mortal de los países centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala. En lugar de empujar a la gente a una muerte probable, Estados Unidos debe anular su orden ejecutiva de seguridad fronteriza y replantear desde el principio su control de la inmigración”.

Las devoluciones forzadas

La investigación de Amnistía Internacional determina que las políticas del presidente Trump para hacer frente a la inmigración violan el derecho internacional. Entre esas medidas, cita la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017 sobre Mejoras a la Seguridad Fronteriza y el Control de la Inmigración. Ésta permite “la devolución forzosa de personas a situaciones que amenazan su vida, así como un incremento de la detención obligatoria ilegal, durante meses, de solicitantes de asilo y familias”.

Solicitantes de asilo entrevistados por la organización internacional en la frontera Norte de México relataron que “esas políticas los obligaban a correr el riesgo de sufrir extorsión o violencia, al tener que pagar a traficantes de personas para entrar en Estados Unidos. En algunas zonas del desierto de Arizona se han duplicado las muertes de personas migrantes desde que Trump fue elegido”.

En el informe se da cuenta del caso de una familia que huyó de Honduras, luego de que el padre fuera atacado a balazos por una pandilla. No obstante el riesgo tanto para el hombre, como para su esposa y su hija, éstos fueron rechazados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en seis ocasiones, durante 3 días, en el paso fronterizo de McCallen, Texas.

Aunado a los testimonios de indocumentados que solicitan asilo, Amnistía Internacional consultó a abogados, organizaciones no gubernamentales, migrantes y defensores de derechos humanos, quienes manifestaron que “los funcionarios de la CBP estadunidense han negado ilegalmente la entrada a solicitantes de asilo en puntos fronterizos de aduana a lo largo de la frontera”.

La abogada estadunidense Nicole Ramos –que entre diciembre de 2015 y abril de 2017 ha asistido legalmente a 71 solicitantes de asilo en el paso fronterizo de San Diego-Tijuana– narró a los representantes de Amnistía Internacional que, “en casi todas las ocasiones, los funcionarios de la CBP intentaron negar la entrada a las personas solicitantes de asilo o les dieron instrucciones incorrectas, como remitirlas al Consulado de Estados Unidos en México”.

Centros de detención

El sistema estadunidense de detención de personas por motivos de inmigración es ya el más grande del mundo, alerta Amnistía Internacional. En su informe Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México, destaca que la orden ejecutiva de seguridad fronteriza del presidente Trump faculta al Ejecutivo a aumentar la capacidad de los centros de detención de personas migrantes y solicitantes de asilo que ya existen.

“Según el Departamento de Seguridad Nacional, existen planes para asignar hasta 33 mil 500 plazas más en los centros de detención para inmigrantes, lo que podría multiplicar por dos la capacidad diaria de detención del país. Esta cifra es muy superior a las 34 mil plazas diarias impuestas por el Congreso, y refuerza la crueldad que subyace tras lo que ya es el sistema de detención por motivos de inmigración más grande del mundo.”

La organización de defensa de los derechos humanos ha documentado casos de familias con bebés y niños que han permanecido privadas de su libertad y sin haber cometido delito alguno más de 600 días en esos lugares.

“En los próximos meses, el Congreso estadunidense debatirá si financia semejante crueldad en el presupuesto de 2018. Se calcula que mantener a una persona en un centro de detención cuesta al gobierno estadunidense entre 126 y 161 dólares al día, mientras que las medidas alternativas a la detención cuestan tan sólo 6 dólares diarios por persona.”

Las deportaciones masivas de México

Uno de los testimonios recabados por Amnistía corresponde al de un joven hondureño de 23 años, que ha sido deportado más de 24 veces por las autoridades mexicanas. El migrante huyó de su país desde hace 5 años por amenazas contra su vida.

De acuerdo con el informe, su situación de orfandad lo orilló a participar en una pandilla en su adolescencia. Fue reclutado a la fuerza por una mara cuando apenas tenía 13 años de edad y, tras desertar a ésta, esa pandilla quiere matarlo.

“Yo he sido deportado 27 veces. A los agentes del Instituto Nacional de Migración  no les importa por qué sales de tu país. Se burlan de ti”, dijo el joven a los representantes de Amnistía.

Sobre este caso, la organización abogó por el muchacho ante un funcionario del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. Lejos de atender la problemática, éste dijo: “Tratamos que el retorno a sus países sea lo más rápido posible”.

Po ello, para Amnistía Internacional, en el tema migratorio México está incumpliendo su responsabilidad de proteger al creciente número de personas centroamericanas que buscan protección en el país.

El informe de la organización da cuenta de que las cifras oficiales de 2016 indican que ese año se presentó en México una cifra récord de 8 mil 788 solicitudes de asilo, en comparación con las 1 mil 296 de 2013. El 35 por ciento de los solicitantes recibieron el reconocimiento de la condición de refugiado.

La organización refiere que el 91 por ciento de las solicitudes procedían de ciudadanos y ciudadanas del “Triángulo Norte” de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), “una zona asolada por la violencia”. Añade que la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados prevé que el número de solicitudes pueda llegar hasta 20 mil en 2017.

No obstante, indica que México, en lugar de brindar protección, está deportando a las personas a pesar de que éstas enfrentan situaciones extremadamente peligrosas.

“En 2016, el Instituto Nacional de Migración mexicano detuvo a 188 mil 595 personas migrantes en situación irregular, de las que el 81 por ciento procedían de Centroamérica, y deportó a 147 mil 370 a sus países de origen. El 97 por ciento de las personas deportadas procedían de El Salvador, Honduras y Guatemala.”

De acuerdo con Amnistía, muchos migrantes ni siquiera fueron informados de su derecho a pedir protección mediante una solicitud de asilo.

Nancy Flores