Las políticas antidrogas en el mundo, centradas en erradicar el mercado ilegal desde hace 10 años, han dado lugar a la aplicación de leyes punitivas que se asocian con violaciones a los derechos humanos, señala el Consorcio Internacional de Políticas sobre Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés).
En 2009, la comunidad internacional aprobó la Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de Una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas. A casi 10 años de su implementación, el IDPC evaluó los avances alcanzados con respecto de las prioridades de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como proteger los derechos humanos y fomentar la paz. Concluye que las políticas son excesivamente punitivas.
En el informe Balance de una década de políticas de drogas, se señala que en el caso del derecho a la vida, en los últimos 10 años, 3 mil 940 personas han sido ejecutadas por delitos de drogas, y en 33 jurisdicciones de todo el mundo es legal la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas.
Aunque en Tailandia se han tomado medidas para que se reduzca o elimine la pena de muerte, países como Bangladesh, Filipinas y Sri Lanka están tramitando un proyecto de ley con el fin de instaurar dicha pena, señala el documento.
Asimismo, en el informe se afirma que las políticas violan el derecho a la justicia penal y el derecho a no ser sometido a tortura, pues “una de cada cinco personas encarceladas en el mundo está en prisión por un delito de drogas y, de éstas, la inmensa mayoría, por posesión para uso personal”, de acuerdo con datos de la ONU.
Y en varios países las personas que cometen delitos de drogas son víctimas de castigos excesivos equiparables a actos de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos. Por ejemplo: detención arbitraria, castigos corporales y privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes.
Además, las políticas punitivas han tenido como consecuencia el crecimiento de la delincuencia. En el caso de “México, la guerra militarizada que se declaró en 2006 contra los cárteles de drogas ha desembocado en más de 150 mil muertes asociadas con el comercio de drogas y en más de 32 mil desapariciones”, según el documento.
Pocos países han adoptado políticas antidrogas menos punitivas. En el caso de Costa Rica, desde 2013 realizó reformas para reducir el índice de encarcelamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad, garantizando penas más proporcionadas y ofreciendo medidas alternativas a la privación de la libertad.
Ante ello, “las políticas de drogas excesivamente punitivas, en lugar de reducir la escala global del mercado ilícito, en muchas ocasiones han exacerbado la violencia, la inestabilidad y la corrupción”, concluye el documento del Consorcio Internacional de Políticas sobre Drogas.
Berenice Santos
