Nueva York, Estados Unidos. Tras la liberación de más de 80 adolescentes secuestradas por Boko Haram en Nigeria, organizaciones de derechos humanos expresaron públicamente su preocupación por sus derechos y su futuro.
El gobierno de Nigeria logró mediante negociaciones liberar a las 82 colegialas, secuestradas en Chibok, una localidad del estado nigeriano de Borno, a cambio de cinco líderes de Boko Haram. Es una buena noticia, aunque las organizaciones internacionales lo recibieron con un relativo optimismo.
“La liberación de las 82 escolares secuestradas en Chibok es un gran alivio. Pero ahora es fundamental que reciban una atención física y psicológica adecuada y apoyo para que puedan reintegrarse a sus comunidades”, alertó Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional en Nigeria.
En abril de 2014, Boko Haram secuestró a 276 adolescentes en una escuela de Chibok, lo que generó un malestar internacional y motivó la campaña #BringBackOurGirls (devuelvan a nuestras niñas) en las redes sociales. Hasta ahora, 161 de ellas fueron puestas en libertad o escaparon de sus captores.
Poco después de la última liberación, el gobierno divulgó los nombres de las jóvenes, incluso en Twitter.
La experimentada investigadora de la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, Mausi Segun, criticó la medida y la consideró un “lamentable fracaso” en la protección de la privacidad de las jóvenes.
“No podemos ni imaginar el tipo de abusos al que estuvieron expuestas. Esperábamos que se concentrarán en su reintegración y en el retorno a sus familias o a cualquier tipo de normalidad, pero al divulgar sus nombres como lo hizo el gobierno, creo que le prestaron muy poca atención a los derechos y a las necesidades de las jóvenes”, explicó a Inter Press Service (IPS).
Esa información circuló en los medios, sin embargo, agregó, las familias no sabían nada, pues no tuvieron acceso a ninguna información ni lista de nombres. “Creo que es una vergüenza”, continuó. Además, se mostró preocupada por el estatus legal de las adolescentes.
En otro acuerdo similar a este entre el gobierno y Boko Haram, 21 adolescentes fueron liberadas en octubre de 2016. Pero todavía no pueden regresar con sus familias y a sus comunidades. El gobierno dice que reciben educación y que les ofrecen otros servicios, pero “una cárcel es una cárcel”, dijo a IPS.
“No son libres para irse. Tienen derecho a la libertad y hay una obligación legal del gobierno de explicar por qué las retiene. Nos preocupa que las 82 adolescentes que acaban de ser liberadas reciban el mismo trato”, prosiguió.
Ojigho coincidió y urgió al gobierno a garantizar la privacidad de las jóvenes liberadas y a no mantenerlas en detención por mucho tiempo y bajo un control de seguridad, que podría “sumarse a su sufrimiento y difícil situación” vivida.
Según subrayó la necesidad de que las familias de las adolescentes reciban información y puedan ver a sus propias hijas. Y no solo ellas, “virtualmente, toda persona afectada por el conflicto tiene un hijo, una hija, una madre o un padre desaparecidos y de cuyo paradero no sabe nada”, explicó a IPS.
No se conoce con exactitud el número exacto de personas desaparecidas, pero Amnistía Internacional documentó por lo menos 41 casos de secuestros masivos por Boko Haram desde principios de 2014. Muchas de esas personas sufren abusos, desde violación, pasando por golpes y hasta misiones suicidas forzadas.
En el último informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre niños y conflictos armados en Nigeria, el foro mundial comprobó que se emplearon 90 menores de edad, la mayoría niñas, en atentados suicidas en Nigeria, Camerún, Chad y Níger. También pudieron verificar casos de violencia sexual contra 217 niñas entre 2013 y 2016, pero las estimaciones sugieren que son miles las mujeres y niñas que podrían haber sufrido esa terrible experiencia.
“Boko Haram causó un horror indescriptible a niños y niñas del noreste de Nigeria y países vecinos”, señaló la representante especial del secretario general de la ONU para Niños y Conflictos Armados, Virginia Gamba.
Además, HRW señaló la falta de medidas gubernamentales para resolver esos casos.
Por ejemplo, en noviembre de 2014, 500 menores fueron secuestrados del pueblo de Damasak, en Borno, y la población local no recibió respuesta del gobierno ni las autoridades reconocieron públicamente el hecho ni revelaron información sobre los esfuerzos realizados para recuperarlos, concluyó la organización.
“El gobierno no los atendió, quizá porque no concentran una gran atención de los medios, como sucedió con las adolescentes secuestradas en Chibok”, estimó Segun, quien subrayó la necesidad de ampliar el alcance de las negociaciones para incluir a las miles de escolares desaparecidas aparte de las de Chibok.
La ONU anunció que está a la espera de ofrecer un apoyo integral a las sobrevivientes, como atención de emergencia en salud sexual y reproductiva, además de psicológica. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también se comprometió a ayudar a las niñas a reunirse con sus familias y a proseguir sus estudios en un entorno seguro. (Traducido por Verónica Firme)
Tharanga Yakupitiyage/Inter Press Service
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