Bajo acusaciones por detención y retención ilegal en instalaciones militares, tortura y violencia sexual, 14 elementos del Ejército Nacional y de la Policía Federal son señalados por una mujer que afirma que esos hechos ocurrieron en San Luis potosí.
La víctima argumenta que dentro de instalaciones militares, esos servidores públicos la golpearon, le tocaron sus partes íntimas, la jalaron de los cabellos y fue obligada a realizarles sexo oral; además, la obligaron a firmar documentos sin permitir que los leyera y la mantuvieron incomunicada por 60 horas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que estos actos transgredieron los derechos humanos de libertad, seguridad jurídica e integral personal de la mujer, porque la Procuraduría General de la República (PGR) también omitió documentar los hechos.
La CNDH reprueba que no se dieran a conocer los nombres de los elementos involucrados y que las autoridades se limitaran a entregar un listado con las claves numéricas para su identificación, así como tampoco se dio a conocer el lugar donde fue retenida la mujer.
Dicha Comisión solicitó reparar el daño conforme a la Ley General de Víctimas, que incluye rehabilitación y garantía de no repetición de los hechos, inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas para que acceda al fondo de ayuda. Así como recomienda impartir cursos en un lapso máximo de 3 meses en materia de derechos humanos para prevenir y erradicar la tortura en San Luis Potosí.
Diana Aguila
