Las modificaciones a la Ley de Amparo que se están proponiendo en la iniciativa de reforma fortalecen este medio de defensa del pueblo mexicano para la protección de sus derechos fundamentales, no lo eliminan, aclaró la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy Ramos. Explicó que la reforma busca establecer plazos y términos que garanticen una justicia más expedita.

Durante la conferencia presidencial, subrayó que “los derechos humanos se mantienen firmes y protegidos, como lo consagra la Constitución. Esta reforma no debilita el amparo; lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia. Ampararse para defender derechos es justicia; ampararse para ocultar delitos es impunidad”.

La abogada Ernestina Godoy agregó que la iniciativa contempla la incorporación de un juicio de amparo digital con plena validez legal, sin sustituir la tramitación documental del procedimiento. En cuanto al cumplimiento de las sentencias, señaló que las personas juzgadoras deberán establecer con precisión quién debe acatar la resolución y cómo debe ejecutarse, garantizando así el derecho de la persona afectada.

En materia de suspensión de actos, la consejera jurídica de la Presidencia explicó que la iniciativa de reforma busca evitar afectaciones al sistema financiero y a la economía nacional. Para ello, se fijan reglas claras: en casos de congelamiento de cuentas bancarias, el órgano jurisdiccional deberá dejar a salvo los recursos necesarios para cubrir obligaciones básicas, asegurar la subsistencia de la persona física y proteger a acreedores alimentarios.

Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá facultades para requerir, obtener y compartir información financiera con el fin de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En cuanto a los créditos fiscales firmes, Godoy explicó que la iniciativa plantea reglas claras para que las y los contribuyentes puedan impugnarlos a través del juicio de amparo únicamente en etapas determinadas del procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación. Además, en caso de solicitar la suspensión de actos de cobro, será necesario otorgar una garantía.

Por su parte, el coordinador general de política y gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, insistió en que las modificaciones no tienen carácter regresivo ni restringen el acceso a la justicia. Aseguró que el propósito es hacer del amparo un procedimiento más ágil, eficaz y tecnológico: “ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. No hay un solo paso atrás en la defensa de los derechos de las y los mexicanos”.

En relación con la suspensión de cuentas bancarias ordenada por la UIF, el ministro en retiro recordó que históricamente este procedimiento ha buscado equilibrar la defensa de las personas con la protección del interés público, sin que ello implique vulnerar los derechos fundamentales.

La consejera Godoy puntualizó que, además de la Ley de Amparo, las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial buscan hacer efectivo el principio constitucional de una justicia pronta y expedita. Estas modificaciones corresponden al segundo paquete de reformas que pretende “garantizar el acceso a la justicia estableciendo plazos y términos claros en todos los procesos”.

Entre las modificaciones se incluyen: plazos procesales más breves en el Código Nacional de Procedimientos Penales, medidas de protección para jueces en casos de delincuencia organizada, uso de notificaciones digitales, reglas claras para la detención en flagrancia y homologación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se plantean cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el fin de fijar plazos máximos para resoluciones y armonizar criterios conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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