Luego de haber presenciado el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo, y sobrevivido al mismo ataque de sicarios, el ambientalista mexicano Gustavo Castro permanece en peligro en Honduras –uno de los países con más altos índices de violencia en la región–, en la incertidumbre jurídica y en un estado de salud de “extrema angustia”. La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha intervenido para su regreso a México.

Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores deben intervenir de manera inmediata para que el mexicano Gustavo Castro Soto, defensor de derechos humanos y ambientalista, regrese a México; luego de haber sobrevivido al atentado ocurrido el 3 de marzo pasado y donde la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue asesinada, dice en entrevista Miguel Ángel de los Santos, integrante de la Red Iberoamericana de Jueces.

Castro Soto se encontraba en la vivienda de la mujer indígena lenca, que en abril de 2015 recibió el Premio Medioambiental Goldman –el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente–. Su presencia en el lugar se dio después de haber impartido pláticas sobre procesos extractivistas; hoy, permanece alejado de su familia y en un estado de angustia “extremo”, comenta a Contralínea Óscar Castro, su hermano, pues no ha salido del territorio donde las amenazas de muerte a Berta Cáceres se cumplieron por un grupo de sicarios.

Óscar Castro Soto, hermano del director de la organización ambientalista Otros Mundos, Chiapas, comenta que las heridas físicas, perpetradas por los sicarios han comenzado a mejorar; no así su estado emocional. “Él permanece en condición de testigo pero se le ha hecho una restricción de salida por 30 días, injustificada”.

Incertidumbre jurídica

Miguel Ángel de los Santos, de la Red Iberoamericana de Jueces, comenta en entrevista con Contralínea que es urgente que la Secretaría de Relaciones Exteriores actúe para permitir la salida de Gustavo Castro de Honduras.

El ambientalista se encuentra en la “incertidumbre jurídica” porque las autoridades de Honduras no resuelven tres recursos jurídicos que se presentaron a principios de la semana pasada, comenta el abogado. Los recursos, explica, son para revocar la medida cautelar que le impide  abandonar el país, el primero es recurso de reconsideración, presentado ante la Fiscalía General de Honduras, para que el fiscal le pida a la juez de La Esperanza suspender la medida cautelar.

Un segundo recurso tiene que ver con el amparo presentado en el que se pide a la corte de apelaciones, la suspensión provisional de la medida cautelar y esto le permitiría a Gustavo Castro abandonar el país.

El último recurso es un habeas corpus con el que se busca que la Corte revise la medida cautelar en medida de los derechos humanos constitucionales y universales que le corresponden a Gustavo Castro.

Estamos pidiendo, también, que desde el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto se entable comunicación con su homólogo en Honduras, Juan Orlando Hernández, para que solicite la aplicación del Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Honduras, firmado en la ciudad de Tegucigalpa, el 24 de marzo de 2004.

Honduras, alerta continua

La violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña, así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y alerta sobre la grave violación a los derechos humanos en el país centroamericano, donde permanece retenido el ambientalista mexicano.

El informe Situación de derechos humanos en Honduras enfatiza que la tasa de homicidios es una de las más altas en la región, con una disminución de  once puntos en 2 años; con base en las cifras calculadas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que en  2013,  registraba el índice de homicidio más alto a nivel mundial, con una tasa de 79 por cada 100 mil habitantes; para el 2014, el Estado indicó que tomando como base las cifras de la UNAH, la tasa de homicidios en Honduras disminuyó a 66.4, mientras que la UNAH publicó una tasa de 68.

El asesinato de Berta Cáceres se dio aun cuando ya se había advertido a autoridades del país y defensores de derechos humanos de la CIDH del riesgo existente.

“La Comisión recibió asimismo información sobre el uso del derecho penal por parte de actores privados y/o estatales a través de tipos penales como ‘incitación a la violencia’ para generar intimidación mediante la sujeción a procesos penales. Dichos problemas se agudizarían en lugares en los cuales existen conflictos por la propiedad de las tierras tales como la Ceiba y el Bajo Aguán, que fueron visitados por la Comisión. En este contexto, la CIDH ha dado seguimiento al presunto hostigamiento judicial en contra de la señora Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, quien lidera una campaña en defensa del río Gualcarque en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica.”

La misma Comisión documentó a finales del año pasado que con relación con las mujeres defensoras, y con cifras del 2012, “Honduras ocupó el segundo lugar por agresiones a defensoras de derechos humanos en la región que abarca México y Centroamérica, con 119 agresiones. De estas agresiones, 95 fueron contra defensoras de la tierra y los bienes naturales”.

La Red Iberoamericana de Jueces

A través de un comunicado, la Red Iberoamericana de Jueces elaboró la Declaración sobre el defensor de DDHH mexicano Gustavo Castro retenido en Honduras en la que se exige, entre los puntos citados, “al gobierno del Estado de Honduras la investigación pronta y eficaz, apegándose al estándar internacional en materia de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, que conduzca al procesamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales involucrados en el crimen. En el desarrollo de esta investigación, y dado la condición de defensora de los derechos humanos de la víctima, también les solicitamos agotar profundamente la línea de investigación que sugiere que el crimen se encuentra relacionado con su actividad como activista”.

Hacen énfasis en que las circunstancias en que se encuentra Gustavo Castro Soto en Honduras, bajo la presión, que no consideración acorde con su calidad de víctima, “configuran violaciones a los derechos humanos previstas en tratados internaciones de los cuales Honduras es parte y cuenta por ello con la obligación de observarlos a toda persona sujeta a su jurisdicción. La incierta situación de Castro Soto se ha visto agravada por una decisión arbitraria y por demás contraria al derecho al debido proceso, tomada por la Jueza Victorina Flores, al suspender el ejercicio profesional de la abogada de Castro Soto, privándolo con ello de su elemental derecho a una defensa efectiva”.