El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es incapaz de reaccionar frente a las diversas formas de violencia a las que se enfrentan los defensores y periodistas, tales como agresiones físicas, digitales, actos de estigmatización y criminalización, señala el informe Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano.
Presentado este 26 de julio por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil Para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC), el informe advierte que, hasta ahora, las medidas de protección no han logrado atender, “ni integral ni proporcionalmente, los distintos impactos que generan las agresiones que sufren las personas defensoras y periodistas directamente, así como sus familiares o los colectivos a los que pertenecen”.
Otra observación se refiere al enfoque de género en el análisis de riesgo y en las medidas de protección de mujeres defensoras y periodistas, del que aún carece el Mecanismo.
El informe, que es el tercer diagnóstico de la política para proteger a defensores y periodistas observa que esas medidas no atienden “la situación específica de violencia, desigualdad y discriminación que viven las mujeres, o las obligaciones que muchas de ellas tienen en cuanto al cuidado de sus familiares y a los posibles impactos de las agresiones”.
Además, señala que todavía falta coordinación efectiva entre el Mecanismo y las entidades federativas. “Tampoco se cuenta con una efectiva coordinación para ofrecer respaldo político del más alto nivel al Mecanismo de Protección, a las personas defensoras y periodistas, así como a la labor que desarrollan. Esta falta de coordinación no sólo dificulta generar cambios de fondo en la actuación del Mecanismo de Protección, sino que incluso impide que medidas sobre casos concretos resulten efectivas”.
El Estado mexicano tampoco ha generado medidas para favorecer un ambiente propicio y adecuado para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en México, señala.
“El retroceso de la política exterior mexicana en materia de derechos humanos, la negación del Gobierno de México por reconocer la crisis de derechos humanos e impunidad en el país, la falta de una política de carácter preventivo, así como la ausencia de medidas que permitan atacar las fuentes y causas de la violencia que enfrentan específicamente las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hacen del Mecanismo de Protección una política paliativa, insostenible e ineficaz para hacer frente a la escalada de violencia que enfrentan quienes ejercen sus derechos a la defensa de derechos humanos y a la libertad de expresión.”
Para el Espacio OSC, “la impunidad y falta de investigación adecuada en relación a las agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas siguen alimentando, e incluso exacerbando la comisión de los mismos. La ausencia total de acciones del Mecanismo de Protección para garantizar la investigación penal de agresiones, reflejan que en México, no existe una verdadera política que tenga por objetivo prevenir los riesgos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Nancy Flores
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