La sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR) por una Fiscalía General autónoma fue el tema de discusión entre el equipo de gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y representantes de colectivos y organizaciones civiles.
Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, explica en entrevista que las propuestas que manejan parten de la creación de una “comisión de designación”, la cual dictaminará el perfil más idóneo para quien ocupe el cargo del fiscal; a partir de principios mucho más estrictos como una evaluación técnica y parámetros de transparencia.
“[El nuevo fiscal] tiene que estar libre de toda incidencia política, de poderes fácticos o reales, que puedan incidir, que aplique la ley cuando la tiene que aplicar”.
Delgadillo explica que la existencia de esta evaluación técnica permite que se mejore el perfil, para que no existan conflictos de interés y se tenga un órgano de control interno que sea efectivo, ya que el actual “no investiga cuando los servidores públicos de la PGR cometen faltas”.
La directora de la Fundación agrega que “las propuestas que hemos venido manejando, parten de muchas miradas, parten de ONG’s que venimos acompañando a víctimas, de académicos que han estado observando el sistema acusatorio y que han visto que no ha funcionado, y parten también de ciudadanos que queremos que se termine el tema de la impunidad y la corrupción”.
Se espera que en el transcurso de las próximas semanas se lleven a cabo otras mesas para tratar los temas de la profesionalización del equipo que integraría la Fiscalía, los mecanismos de supervisión, asignación, remoción y control del personal, la especialización y la transición entre la actual Procuraduría General de la República (PGR) y la futura Fiscalía General.
Fabián Vega
