El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) reinstalar a Karla, la empleada que fue cesada al negarse a hacer favores sexuales a su entonces jefe, el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez.

Como Contralínea lo reveló en diciembre pasado, la denuncia por despido injustificado se dirime en el TEPJF con perspectiva de género, tras conocer del hostigamiento sexual y acoso laboral que padeció la víctima por 2 años.

Aunque el fallo final del Tribunal aún no se da, la reinstalación es un primer avance, considera el abogado Luis Hernández, quien además podría llevar otros tres casos de víctimas del mismo servidor público.

“Hay otras víctimas de hostigamiento sexual que señalan a Lavoignet Vásquez, pero tienen miedo de denunciar porque lo identifican como un servidor público con mucho poder, casi intocable”, dice en entrevista.

Refiere que este miedo se sustenta en el hecho de que el funcionario aún permanece en su puesto, a pesar de que el Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral del INE señala que, mientras dure la investigación, el imputado será por lo menos separado de sus labores.

Otra evidencia del poder que goza el servidor público es que, pese a la gravedad de las acusaciones, el INE se negó sistemáticamente a proteger a la víctima e incluso a conciliar con su defensa, una vez que se inició el juicio.

El propio consejero presidente del Instituto, el doctor Lorenzo Córdova Vianello –quien conoció de los hechos antes de que Karla acudiera al TEPJF–, se ha negado a atender el caso y responder a la prensa sobre el mismo.

Desde diciembre pasado, Contralínea solicitó entrevistas con Córdova y Lavoignet para conocer sus versiones; sin embargo, hasta ahora ambos se han negado.