Activistas, familiares, amigos y vecinos de la alcaldía de Xochimilco se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional, en apoyo de Cristobal Sánchez Sánchez, fundador del Colectivo de Cultura Migrante, detenido el 5 de junio pasado, en la Ciudad de México, acusado de tráfico de personas. El mismo día fue aprehendido Irineo Mujica, en Sonora, bajo el mismo cargo.
Sánchez Sánchez es defensor de los derechos humanos, integrante del Programa de Estudios Migratorios de la Universidad Iberoamericana y realiza trabajo de campo para la Universidad de Columbia, en Nueva York. El defensor fue trasladado a Tapachula, Chiapas, donde se llevará a cabo una audiencia mañana, acusado de “introducción ilegal de personas en territorio nacional”.
Ramiro Sánchez Sánchez, hermano del activista, relató que Cristobal fue detenido por hombres armados, sin orden de aprehensión en su contra y sin que se identificaran. Fue llevado a la agencia ministerial de Camarones, en la capital de país. Esa misma noche fue trasladado a Tapachula donde enfrentará cargos por delitos federales.
Cristobal, relató su hermano, es acusado del trasladar a personas migrantes el 29 de marzo pasado, cuando él se encontraba en la capital del país, “había salido a comer con su novia y después a una fiesta”, comenta Ramiro.
También se manifestó preocupado por el acoso y hostigamiento que ha padecido Cristobal Sánchez, pues dijo, previo a su detención había personas que lo vigilaban y autos ajenos al vecindario, estacionados afuera de su domicilio.
Además, acusó que en febrero pasado Cristobal fue detenido y golpeado por policías de la ciudad de México, cerca de estación Puebla, la línea 9 del Metro, donde permanecía instalado un albergue para personas en tránsito. Fue liberado ese mismo día porque no había delito que perseguir, “pero tras la golpiza mi hermano tuvo secuelas, ataques de pánico, estaba bajo tratamiento”, comentó Ramiro.
“En estos tiempos de transformación, donde se privilegian las garantías, así como derecho de las personas a migrar por una vida mejor, donde se garantizó que se escucharía y se respetaría a todos y se mencionó como propuesta la libertad de los presos políticos, denunciamos la privación de la libertad de Cristobal Sánchez, dado que esto representa una forma de criminalización contra los defensores de derechos humanos de las personas migrantes y representa una contradicción del prometido eje rector de la 4T”, leyó el hermano del defensor ante la prensa.
Negó que a Cristobal se le haya cancelado alguna cuenta bancaria, relacionada con el tráfico de personas. Comentó: “Él está al corriente con el SAT [Sistema de Administración], no tiene nada que esconder”.
Será hasta el 18 de junio cuando la subsecretaria de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob) les otorgue una audiencia para la revisión del caso.
En tanto, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob dijo “Nosotros no tenemos presos políticos y menos la subsecretaría de Derechos Humanos, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hemos solicitado toda la información para conocer toda la situación jurídica en particular, e intervenir en todos los casos que sean necesarios”.
Encinas Rodríguez enfatizó que no “hay que criminalizar a los defensores de derechos humanos y por el contrario, dar las condiciones para que desarrollen sus funciones, que son prácticamente el apoyo a personas que en condiciones muy precarias salen de sus lugares de origen”.
Érika Ramírez
