El Mazote, El Salvador. Salvo por una casa con paredes agujereadas por ráfagas de ametralladora, nadie diría que El Mozote, esta apacible localidad de El Salvador, fue escenario de una de las masacres más horrendas en América Latina 35 años atrás.

 “Muchos de los pobladores de este lugar somos descendientes de los que lograron sobrevivir la matanza”, contó a Inter Press Service (IPS) la estudiante universitaria Nancy García, de 21 años, oriunda de este caserío de unos 700 habitantes, parte del municipio rural de Meanguera, en el oriental departamento de Morazán.

Archivado desde 1993 en el sistema judicial salvadoreño, el caso, conocido como la Masacre de El Mozote, fue reabierto en septiembre del 2016, en una posibilidad histórica de juzgar a los soldados y oficiales acusados de ser los responsables de aniquilar a más de 1 mil habitantes del pueblo y otras localidades aledañas.

La reapertura se hizo posible gracias a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que en julio de 2016 declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, que impidió procesar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto salvadoreño, iniciado en 1980 y finalizado en 1992.

Uno de los sobrevivientes de la matanza es Juan Antonio Pereira, de 79 años, quien contaba con 35 años cuando los militares incursionaron en Los Toriles, una pequeña aldea cercana a El Mozote. Fueron 3 días de terror, del 10 al 12 de diciembre de 1981.

Escondido tras unos matorrales, él dijo haber observado cómo los soldados sacaban a punto de fusil a varias personas de sus casas, entre ellos miembros de su familia, y las alineaban para dispararlas a mansalva.

 “Viera qué triste es estar viendo que están matando a la familia de uno”, dijo a IPS ese campesino. Allí murieron su esposa, Natalia Guevara, de 35 años, y sus dos hijos: José Mario, de 10 años, y Rosa Cándida, de 14.

Las investigaciones para esclarecer los hechos se habían iniciado en 1990, pero el caso fue amnistiado en 1993.

Ahora, los abogados de Tutela Legal María Julia Hernández, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y residentes del pueblo aglutinados en la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, reiniciaron sus esfuerzos para encontrar a los responsables de la matanza y llevarlos a la justicia.

Tutela Legal intentó reabrir el caso en 2006, pero la iniciativa fue rechazada precisamente por la vigencia de la Ley de Amnistía.

“No se trata de venganza, ni de ir en contra de la Fuerza Armada, sino en contra de algunos elementos implicados en graves violaciones de derechos humanos, lo que queremos es que no quede impune”, explicó a IPS el abogado Wilfredo Medrano, de Tutela Legal.

El 29 de marzo, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, capital de Morazán, realizó una audiencia para notificar a siete militares de alto rango del Ejército salvadoreño implicados en los hechos, de los cargos en su contra: asesinato, violación, privación de libertad y actos de terrorismo, entre otros.

Entre esos oficiales se encontraban los generales Guillermo García, exministro de la Defensa (1979-1983), y Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto.

La investigación tendrá como soporte muchas de las pruebas documentales y testimoniales recogidas ya en el expediente iniciado en 1990.

“Lloré de tristeza cuando vi allí sentados a los oficiales, me imaginé cuando estaban organizando y asesinando a mis familiares, mis padres, mi hermanito de 11 años, Adolfo Arturo, a mi hermana embarazada”, narró a IPS la presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, María Dorila Márquez, de 60 años, y con 25 cuando sucedió la masacre.

En total, Márquez calculó que unos 100 de sus familiares fueron asesinados, y la cúpula castrense consideraba a los habitantes  de la zona como colaboradores de la guerrilla del entonces Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), algo que es rechazado por los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.

Tras los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin al conflicto, esa guerrilla se convirtió en partido político y gobierna el país desde el 2009, luego de ganar dos elecciones presidenciales consecutivas.

El 6 de mayo, el mismo tribunal notificó a otros tres oficiales, que no estuvieron presentes en la audiencia anterior, de los cargos en su contra.

“Me pongo mal cuando hablo de esto, recuerdo a mi padre asesinado, tengo tanta rabia… si tuviera más cerca a esos militares los patearía”, afirmó Santos Jacobo Chicas, de 40 años, nativo del caserío de Cerro Pando, entrevistado por IPS a la salida de esta audiencia.

Él y otros familiares de diferentes víctimas estuvieron en el procedimiento judicial.

“El que dio la orden que pague, que vaya a la cárcel”, acotó.

Narró que los soldados del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl, una fuerza de  élite formada y entrenada por militares de los Estados Unidos, mataron a un niño de dos días de nacido, hijo de una prima de él.

“Le pusieron fuego y lo quemaron”, aseguró. Se estima que más de 400 niños fueron  ejecutados brutalmente durante el operativo.

Por su parte, Sofía Romero Pereira, de 55 años, y 19 en 1981, sostuvo que al menos 35 parientes fueron ejecutados, entre ellos su padre y cuatro de sus ocho hermanos y hermanas.

Ella escapó de la muerte porque su padre, Daniel Romero, logró sacar del lugar a ella y otros tres hijos e hijas, antes de que las tropas entraran a El Mozote, y les llevó a la ciudad de San Miguel, en un departamento vecino.

Pero cuando regresó a sacar al resto de la familia, quedó atrapado en medio de la maniobra militar y ya no pudo rescatar al resto: Ana María, de 16 años; Jesús, de 14; María Nelly, de 11 y Elmer, de apenas un año. Ana María fue llevada a un cerro cercano, violada y posteriormente asesinada, contó Romero.

“Por lo menos que digan que ellos fueron, que pidan perdón, yo los perdonaría, cárcel, ¿para qué?”, se preguntó.

Los abogados de Tutela Legal también han solicitado reabrir el caso del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en la catedral capitalina.

En tanto, el Movimiento de Víctimas del Terrorismo en El Salvador solicitó a la Fiscalía General de la República la reapertura de casos de crímenes atribuidos a la guerrilla durante el conflicto armado.

Entre esos, el asesinato de tres infantes de marina estadounidenses, presuntamente ejecutados cuando el helicóptero en el que viajaban sobrevolaba el municipio de Lolotique, en el oriental departamento de San Miguel, y fue derribado por la guerrilla, en 1991.

También el de otros cuatro infantes acribillados mientras departían en un restaurante de San Salvador, en 1985, así como los asesinatos de alcaldes y otros funcionarios públicos, y el de niños afectados por las minas colocadas por las fuerzas insurgentes.

De ser aceptada la petición, implicaría la apertura de un proceso penal contra miembros de la otrora comandancia de la guerrilla y funcionarios del actual gobierno, entre ellos el actual presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, quien era parte de la dirección del FMLN.

“Generalmente los que reclaman son víctimas de izquierda… y nosotros somos la voz de las víctimas de la guerra que han sido olvidadas, no solo de la derecha, sino de todos los olvidados”, aseguró a IPS el abogado Fernán Álvarez, de la ese movimiento.

Se estima que los 12 años de guerra en este país centroamericano, con una población actual de 6.3 millones de personas, dejó unos 70 mil muertos y 8 mil desaparecidos.

Edgardo Ayala/Inter Press Service